La distinción entre una decisión administrativa y una conducta delictiva es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Sin embargo, en la práctica judicial reciente, se observa una tendencia preocupante: la criminalización de facultades legales mediante interpretaciones extensivas y deducciones personales de los juzgadores.
Un caso reciente que me he puesto a estudiar de manera extensiva y profunda para poder contribuir en la redacción de un amparo indirecto que me ha ilustrado en dicho fenomeno. Se trata de un proceso penal donde un exservidor público fue vinculado a proceso por los supuestos delitos de fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades. El núcleo de la controversia reside en la resolución de un Magistrado basando su decisión en lo que consideró "razonable" y no en lo que dicta la norma.
La "razonabilidad" judicial por encima de la legalidad por si misma es arbitraria y esto sucede cuando la persona que imparte justicia desconoce la norma que faculta a un servidor público a realizar su trabajo. Ahí es donde entra la narrativa, la que criminaliza y la que termina siendo una verdad legal aunque no exista en la ley.
Al juzgar un acto administrativo como un hecho con apariencia de delito se vulneran los principios de fundamentación, motivación y taxatividad. El derecho penal debe ser la ultima ratio y no una herramienta para sancionar actos que un juzgador no entiende, y menos cuando se realizaron al amparo de facultades legales vigentes.
Cuando hay deberes no previstos en la ley para un servidor público, y este llega a ser llamado ante un órgano jurisdiccional que desconoce la norma, comienza la injusticia cuando este sustituye la prueba por inferencia, la ley por razonabilidad y la causabilidad por hipótesis.
Si un acto está previsto en la ley como una facultad para el servidor público su ejercicio no puede ser criminalizado mediante suposiciones, porque un juzgador en ese momento convertirá el servicio público en una actividad de alto riesgo, en una vil inquisición.
Usted ya tiene el veredicto.
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