A 10 días del magnicidio de Carlos Manzo

Han transcurrido diez días desde que México fue testigo de uno de los actos más devastadores que han sacudido al país en este siglo: el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Este crimen fue un magnicidio en toda la extensión de la palabra, un atentado contra la República, contra la democracia y contra millones de mexicanos que veíamos en Carlos Manzo a un defensor de nuestros derechos humanos y un bastión contra la impunidad.

Hoy, 10 de noviembre de 2025, es imperativo exponer las razones por las cuales este asesinato constituye un magnicidio y sus implicaciones catastróficas, pero, sobre todo, evidenciar la respuesta tibia, tardía y francamente insultante que han dado las autoridades federales y estatales ante esta tragedia.

Diez razones por las cuales esto es un magnicidio

1. Asesinato de un representante electo democráticamente
   Carlos Manzo era el presidente municipal de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán, elegido por miles de ciudadanos que depositaron en él sus esperanzas de cambio. Asesinarlo fue exterminar la voluntad popular y anular la voz de quienes lo eligieron.

2. Atentado directo contra el Estado mexicano
   El magnicidio se define como el asesinato de una persona que ocupa un cargo público de alta relevancia. Como presidente municipal, Manzo encabezaba uno de los tres órdenes de gobierno que sustentan la República. Su asesinato representa un desafío frontal al Estado mexicano.

3. Silenciamiento de un activista y defensor de su comunidad
   Carlos Manzo era un activista que denunciaba públicamente la infiltración del narcotráfico; representaba la voz de miles de personas por quienes alzaba la palabra. Innumerables ciudadanos perdieron a su defensor.

4. Fracaso del Estado en su obligación constitucional
   El artículo 1º, tercer párrafo, de nuestra Constitución establece que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo cual el Estado mexicano falló en cada uno de estos imperativos. Había denuncias públicas, señalamientos claros del riesgo y, aun así, el Estado no actuó.

5. Colapso de la función estatal de seguridad pública
   El artículo 21, octavo párrafo, de nuestra Carta Magna es claro: "La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas." Cuando Carlos Manzo fue asesinado, el Estado falló en su función más elemental. Como contaba con protección federal por parte de la Guardia Nacional, el fallo es doblemente grave y vergonzoso.

6. Denuncias públicas ignoradas
   Carlos Manzo realizó denuncias públicas, llamando de todas las formas posibles a la intervención oficial contra la delincuencia. La presidenta y el gobernador no pueden decir que nadie les advirtió. La negación y la frivolidad caracterizaron su respuesta ante las súplicas de ayuda. Este patrón de abandono convierte cada asesinato en responsabilidad directa del Estado.

7. Demostración del poder fáctico del crimen organizado
   El asesinato de Carlos Manzo fue una ejecución calculada. Este magnicidio es la evidencia más brutal de que el crimen organizado se apoderó de las actividades económicas, políticas y sociales de Michoacán.

8. Sepultura de la seguridad y la gobernabilidad
   El asesinato de Carlos Manzo sepulta cualquier ilusión de seguridad y gobernabilidad en el estado. Del horror hemos pasado al terror. Así nos han llevado los criminales a los michoacanos, sin que el gobierno federal y el gobierno estatal hagan nada efectivo para impedirlo.

9. Efecto paralizante sobre otros servidores públicos y activistas
   Un magnicidio no solo elimina a una persona; genera un efecto inhibidor masivo. ¿Qué servidor público alzará la voz contra la extorsión y el narcotráfico? El magnicidio de Carlos Manzo es una sentencia de muerte para la disidencia contra el crimen organizado.

10. Impunidad que valida a los grupos fácticos
    Con total impunidad, ante la inoperancia del régimen morenista, a balazos callan las voces que se atreven a denunciar la injerencia criminal. Asesinar es efectivo porque no hay consecuencias.

Como era predecible, tras el magnicidio de Carlos Manzo, el gobierno federal y estatal presentaron con bombo y platillo el llamado "Plan Michoacán", vendiéndolo como una respuesta extraordinaria y contundente ante la crisis de seguridad que vivimos.

Pero cuando uno revisa los detalles de este supuesto plan maestro, descubre una verdad vergonzosa: la mayoría de las acciones anunciadas ya estaban presupuestadas o en ejecución desde antes del asesinato de Carlos Manzo. No hay nada nuevo, no hay recursos extraordinarios, no hay estrategias innovadoras.

Pero quizá lo más revelador de estos diez días posteriores al magnicidio es lo que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha hecho: venir a Michoacán. No quiere enfrentar al tigre que camina libremente por Michoacán, lo que implica constatar personalmente el colapso de seguridad que su gobierno ha permitido, así como escuchar las voces de los michoacanos que le reclamen su inacción. Eso implica también miedo de exponerse en un territorio que reconoce, aunque no lo diga públicamente, que ya no controla.

Un verdadero líder de Estado acude donde su presencia es más necesaria, especialmente en los momentos de crisis. Un presidente con autoridad moral enfrenta las situaciones difíciles, no las evade desde la comodidad de la capital. La ausencia de Claudia Sheinbaum en Michoacán es la confesión tácita de que ha perdido el control, de que no tiene respuestas, de que su gobierno es incapaz de proteger ni siquiera a los presidentes municipales con protección federal.

Este magnicidio exige una respuesta contundente del Estado mexicano en todos sus niveles: no más evasivas ni reparto de culpas. No más negación de la realidad. No más "planes" que son puro reciclaje de programas ya existentes. No más simulación desde la distancia segura de la capital.

Diez días después, el Estado sigue ausente. ¿Cuántos días más? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos magnicidios más se necesitan para que Claudia Sheinbaum y Alfredo Ramírez Bedolla entiendan que Michoacán no aguanta más simulación?

El tigre sigue caminando libremente por nuestras calles. Y mientras la presidenta no tenga el valor de venir a enfrentarlo, seguiremos siendo rehenes del miedo y la impunidad.

¡Michoacán merece una revolución institucional y social!

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El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán.

rmr