Posicionamiento de los periodistas michoacanos tras los acontecimientos ocurridos contra el gremio:
El periodista no debe ser protagonista de la noticia, esa es una de las primeras reglas que se aprende cuando al tomar pluma, libreta, cámara o micrófono uno se sumerge en las aguas de esta entrañable profesión.
Qué penoso resulta pues estar hoy aquí, contraviniendo tal precepto que entraña la nobleza de esta labor en la que, quienes la ejercemos somos conducto para que la mirada y la voz de los otros encuentre eco en todos.
Resulta penoso por las causas que nos orillan: el asesinato de siete compañeros en diferentes estados de la república durante 2017, y la posibilidad de que la lista se incremente por la gravedad de las lesiones Sonia Córdova, subdirectora del semanario El Costeño de Jalisco, quien el pasado lunes 15 fue víctima de un atentado a balazos por el que murió su hijo Jonathan Rodríguez quien era reportero en dicha publicación.
Ese mismo día el fundador y redactor del semanario local RíoDoce y corresponsal del diario La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas era ultimado a balazos.
A la fúnebre lista se suman los nombres de Cecilio Pineda Birto de Guerrero, Ricardo Monlui Cabrera de Veracruz y Miroslava Breach Velducea de Chihuahua, asesinados en marzo pasado; así como el de Maximino Rodríguez Palacios de Baja California Sur quien fue ultimado en abril.
El recuento es largo, son 109 nombres los documentados por la organización Artículo 19 del año 2000 a la fecha, de los que 31 corresponden a compañeros asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Michoacán participa también de la fatídica cifra. Aquí también hay compañeros ultimados o que desaparecieron. En algunos casos sabemos el cuándo y el cómo, en otros ni eso, y en general sigue sin conocerse el porqué.
Jaime Arturo Olvera, reportero en La Piedad asesinado en 2006; Israel García Pimentel de La Opinión de Michoacán, asesinado en 2007 en Uruapan; Juan Pablo Solís, periodista y empresario de medios de comunicación asesinado en 2007 en Zitácuaro; Miguel Ángel Villagómez Valle, de La Noticia en Michoacán asesinado en 2008; Martín Javier Miranda Avilés, del Diario Panorama del Oriente de Zitácuaro, asesinado 2009; y Hugo Alfredo Olivera propietario de la Agencia de Noticias ADN en Apatzingán, asesinado 2010.
Al listado se agregan los nombres de los compañeros que permanecen desaparecidos: Cristian Axel López Cruz en 2006; Mauricio Estrada de La Opinión de Apatzingán, en 2008; Rafael Pérez de la televisión local de Zamora, en 2009; María Esther Aguilar, reportera del Diario de Zamora y corresponsal de Cambio de Michoacán, desaparecida en Zamora en 2009; Antonio García Apac, desaparecido en Buenavista Tomatlán en 2009; y Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal de Cambio de Michoacán desaparecido en Paracho en 2010.
Para el poder público en Michoacán como en el resto del país, generar condiciones para garantizar el ejercicio periodístico no es una prioridad. Como muestra basta recordar lo ocurrido en 2014, cuando con bombo y platillo se incluyó en el Código Penal del Estado un capítulo especial sobre Delitos Contra los Periodistas en el Ejercicio de su Labor, pero no pasaron ni 12 meses cuando el Congreso –en la misma legislatura- borró tal previsión legal al omitirla en el Nuevo Código Penal publicado en diciembre de 2014 para dar vida al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Hoy los delitos contra periodistas en Michoacán, carecen de agravantes penales que inhiban su cometimiento.
La voluntad política manifiesta para la protección del ejercicio periodístico, por naturaleza siempre será motivo de suspicacia, pues generalmente encarna oportunismo y coacción.
Pasan los años y los nombres de compañeros asesinados se apiñan en las listas de los casos no resueltos en el país, pasa el tiempo y el saldo negro se incrementa y las agresiones a periodistas se ahondan ya no sólo desde las esferas del poder público, sino también desde el activismo político, social, desde el ámbito de la criminalidad y desde las propias empresas mediáticas.
La falta de condiciones laborales se ha convertido en estados como Michoacán en uno de los principales factores que atentan contra el ejercicio periodístico, propiciando corrupción, envilecimiento e incluso acciones delictivas como la extorsión y el chantaje.
Raquíticos salarios por debajo del mínimo profesional, la falta de prestaciones o la forma en que éstas se escatiman, la cotización de sueldos menores a los reales, coberturas de giras al amparo del erario público, despidos injustificados, retención de sueldos, adeudos de pagos quincenales, incertidumbre sobre la permanencia laboral, y –claro- censura, forma parte del hacer diario de la prensa en Michoacán.
La protección al ejercicio periodístico debe prever de forma urgente la aplicación del Estado de Derecho a las empresas mediáticas para cumplir con las normas laborales y sus responsabilidades patronales.
Hoy estamos aquí para repudiar las agresiones a periodistas, los asesinatos, la adversidad cada vez más sofocante en nuestra labor. Hoy estamos aquí pese a la idea que ronda en la mente de cada uno acerca del ¿y una marcha más para qué?, ¿de qué sirve?.
Hoy estamos aquí pese a nuestras divergencias, nuestros desencuentros, nuestra reticencia a debatir sobre nosotros mismos, nuestros recelos, nuestro amor-odio, pese a todo ello hoy estamos aquí… juntos.
Hoy somos parte de la voz de los compañeros en todo el país que repudian los asesinatos y agresiones a periodistas. Porque la indignación y la exigencia es común.
¡Por un periodismo vivo!
Hoy 17 mayo de 2017 en Morelia, Michoacán
