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Requieren al Congreso cobertura de laudos; se ha cumplido con la ley, responde

MiMorelia.com

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes le fue requerido al Congreso local la cobertura de salarios caídos presuntamente resueltos a favor de dos colaboradoras de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Trascendió un posible embargo, sin embargo, éste no se concretó.

En entrevista, José Antonio Rubio, representante legal de Zulma de Jesús Quezada y Fátima Gabriel Macías Castañeda, explicó que su presencia en el Palacio Legislativo tenía la intencionalidad de concretar la cobertura de los salarios caídos que un tribunal colegiado de circuito resolvió a favor de las hoy colaboradoras de la ASM.

El abogado se negó a especificar el monto que reclaman al Congreso local. Explicó que el asunto se deriva de las demandas por despido injustificado (ocurrido en el 2012) que sus representadas ganaron en julio de 2019, motivo por el que fueron reinstaladas en sus puestos labores, aunque, a la fecha, la condena de salarios caídos no se ha cubierto y es la que están requiriendo.

Postura del Congreso estatal

A través de un comunicado oficial, el Congreso del Estado emitió su postura, misma que se publica de manera textual:

El Congreso del Estado ratifica su compromiso con la legalidad y con los trabajadores que brindan sus servicios al Poder Legislativo, pues se ha cumplido a cabalidad con lo que estipula la Ley Federal del Trabajo, siempre respetando los derechos laborales de todos.

Derivado de la situación financiera que atraviesa el estado de Michoacán es que se dio fin a la relación laboral que existía entre diversos ciudadanos y el Poder Legislativo, pero siempre conforme a lo estipulado en la Ley.

De esta forma es que el Poder Legislativo ha respetado y cumplido en todo momento lo que la autoridad competente en la materia ha dispuesto sobre los conflictos laborales que existen y siempre se ha manejado de forma transparente en todos los asuntos laborales que tiene.

Así pues, el Congreso del Estado está abierto al diálogo para llegar a buenos términos, a fin de que ninguna de las partes resulte dañada, que los extrabajadores del Legislativo no se vean perjudicados y en dónde tampoco se dañen al propio Poder Legislativo con sus finanzas y su patrimonio.

Por: Sayra Casillas/R

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