ESPECIAL
Política

Propone Caratachea rectificación gratuita de actas por errores del Registro Civil

Errores en la escritura de actas pueden generar el impedimento de trámites, y son los ciudadanos quienes actualmente gastan en corregir sus documentos aunque el error no sea de ellos

Naomi Carmona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del PAN, Vanessa Caratachea Sánchez, presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado de Michoacán para que el gobierno estatal asuma los gastos y costos de los juicios de rectificación de actas del estado civil cuando el error u omisión sea imputable exclusivamente al Registro Civil y no derive de dolo o negligencia del ciudadano. La propuesta busca eliminar la carga económica que hoy enfrentan las personas para corregir deficiencias administrativas que no provocaron.

La exposición de motivos señala que los errores en actas —como inconsistencias en nombres, apellidos, fechas, lugares o datos de filiación— son frecuentes y suelen originarse en fallas del propio Registro Civil.

“La carga procesal que actualmente se impone a las personas para corregir errores administrativos del Registro Civil genera una situación de desigualdad material, en la que el ciudadano se encuentra en desventaja frente al propio Estado, al tener que destinar recursos económicos y tiempo para subsanar una deficiencia que no provocó”
se lee en la exposición presentada por la legisladora priista
Actualmente, la rectificación de actas requiere, en la mayoría de los casos, un juicio ante la autoridad judicial, lo que implica para el ciudadano costos por honorarios profesionales, copias certificadas, traslados y pérdida de ingresos. La diputada argumenta que esta obligación resulta gravosa, sobre todo para personas en condiciones de vulnerabilidad económica, quienes muchas veces prefieren vivir con la irregularidad jurídica antes que asumir un gasto que consideran injusto.

La iniciativa reforma el artículo 115 y adiciona los artículos 115 Bis y 115 Ter al Código Familiar. La reforma establece que, cuando se acredite que el error es imputable al Registro Civil, el juez condenará al Estado al pago de gastos y costas del juicio.

Además, se obliga a la autoridad judicial a dar vista a la autoridad registral para prevenir la repetición de errores similares, sin que ello exima al Estado de cubrir los gastos.

RPO

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