Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un caso judicial en Sinaloa ha generado debate público luego de que conversaciones privadas de WhatsApp fueran utilizadas como evidencia en un proceso relacionado con presunta violencia política de género.
El caso se originó a partir de una conversación privada entre una activista y un conocido, en la que ambos habrían emitido críticas hacia una diputada. Posteriormente, el interlocutor realizó capturas de pantalla de los mensajes y las entregó a la legisladora, quien presentó una denuncia.
La situación provocó discusión en redes sociales después de que la senadora del PAN Lilly Téllez difundiera un video en el que cuestionó el proceso judicial y advirtió sobre posibles implicaciones para la libertad de expresión.
Durante su posicionamiento, la legisladora señaló: “La Constitución señala que las comunicaciones privadas son inviolables, pero ahora cualquier meme, sticker o crítica podría usarse en tu contra si alguien lo filtra”.
El expediente fue revisado por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que ordenó realizar un nuevo análisis del caso, luego de que previamente una autoridad local concluyera que no existía violencia política de género.
De acuerdo con el análisis judicial, los mensajes denunciados habrían incluido expresiones reiteradas contra una legisladora, lo que podría configurarse como hostigamiento vinculado con su participación política.
En su resolución, el tribunal también menciona conceptos como “wollying” y “flaming digital”, utilizados para describir dinámicas de agresión en entornos digitales. Además, señala que el hecho de que los comentarios se hayan realizado en conversaciones privadas no necesariamente impide que puedan afectar los derechos político-electorales de una persona.
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