Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local Antonio Carreño Sosa emitió una réplica a las declaraciones del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, quien ha insistido en la aplicación de la pena de muerte en Michoacán como respuesta a la criminalidad, particularmente tras recientes asesinatos de alto impacto en la entidad. Carreño Sosa rechazó tajantemente esta vía punitiva, argumentando que es una medida obsoleta y contraria a los derechos humanos fundamentales.

La controversia surge a raíz de la reiterada propuesta de Tafolla, quien ha abogado por la pena capital para delitos graves como el homicidio y la violación. Tafolla ha justificado su postura señalando que la impunidad y la gravedad de crímenes recientes, como el asesinato de una familia de intérpretes de lengua de señas en Morelia, demandan una sanción ejemplar y la aplicación de "mano dura". El diputado independiente ha argumentado que incrementar las penas no reduce el delito, pero que la pena de muerte podría ser la única forma de disuadir a los criminales más peligrosos.

En contraste, Carreño Sosa sostuvo que legislar bajo la óptica de la pena capital es "del siglo pasado", que si bien puede ser fácil de entender para la ciudadanía, no genera un cambio real en la sociedad. El emecista recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la legislación de gran parte del mundo, considera la pena de muerte como contraria a estos principios.

El diputado Carreño enfatizó que un sistema de justicia con altos índices de presuntos culpables sin sentencia —cifras que superan el 45% de la población penitenciaria— no está en condiciones de aplicar una medida tan irreversible como la pena capital, dado el riesgo constante de ejecutar a un inocente.

En su contundente desaprobación a la propuesta de su homólogo, Carreño Sosa ofreció una alternativa centrada en la modernización del sistema judicial, en lugar de recurrir a soluciones extremas. El legislador precisó que Michoacán requiere enfocarse en fortalecer las instituciones autónomas para garantizar un verdadero Estado de derecho.

La postura de Carreño se resume en la necesidad de un cambio estructural profundo en la impartición de justicia.

"No necesitamos un Bukele, necesitamos justicia, necesitamos control hacia las investigaciones, fortalecer los mecanismos del Poder Judicial Autónomo, de mayor capacidad de la Fiscalía Autónoma y lo que necesitamos es endurecer los procedimientos para que la justicia esté del lado del Estado y no del lado de los criminales".

Finalmente, Carreño instó a sus colegas a "pensar fuera de la caja" y construir una "legislatura del siglo XXI", enfocándose en la capacidad investigativa y la autonomía de los órganos judiciales, en lugar de caer en la simplicidad de proponer el aumento de años o la pena máxima como solución a la crisis de seguridad que afecta a Michoacán y al país.

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