Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado Hugo Alberto Gama Coria, presidente del Poder Judicial del Estado de Michoacán, presentó este día el Plan de Austeridad y Racionalidad Presupuestal, que entra en vigor de manera inmediata y marca un cambio estructural en la administración de los recursos públicos del Poder Judicial.

El documento, aprobado por el Órgano de Administración Judicial, integrado además por Mayra Xiomara Trevizo Guízar, Paula Edith Espinosa Barrientos, Gustavo Adolfo Mendoza García y Omar Alexandro Negrón Villafán, establece las bases para que el presupuesto se ejerza con honestidad, eficiencia, racionalidad, transparencia y disciplina financiera, priorizando la función sustantiva de impartición de justicia y eliminando gastos que no contribuyan al fortalecimiento institucional.

“El Poder Judicial cambió. Hoy la prioridad son los justiciables, no los privilegios. Cada peso público debe destinarse a mejorar la justicia, no a gastos innecesarios”, expresó el magistrado presidente Gama Coria durante la presentación.
Entre las principales medidas destacan la prohibición de privilegios y bonos fuera de la ley, la cancelación de telefonía celular institucional discrecional y la eliminación de arreglos, regalos y cortesías no esenciales.

También establece que las contrataciones de personal se realizarán exclusivamente con base en mérito, capacidad profesional y transparencia, a través de los mecanismos de Carrera Judicial, prohibiendo de manera absoluta el nepotismo en cualquier modalidad, grado o nivel de responsabilidad. Además, especifica la racionalidad en servicios personales con acciones como la congelación de plazas de confianza y no sindicalizables que no sean estrictamente necesarias para la operación sustantiva del Poder Judicial, junto con la redistribución de cargas laborales.

En cuanto a la austeridad en bienes, servicios y contratos, se llevará a cabo una revisión integral de contratos de servicios con auditoría contractual exhaustiva en rubros como sistemas de fotocopiado, limpieza, seguridad, arrendamiento de inmuebles, entre otros. A la par, se implementará un control estricto del combustible en los vehículos oficiales utilizados para traslados de documentación, expedientes, mobiliario y equipo entre los distritos judiciales, mediante bitácoras obligatorias con supervisión mensual del consumo. Se prohíbe, además, la adquisición de vehículos de lujo o con especificaciones superiores a las estrictamente necesarias para las funciones jurisdiccionales y administrativas.

En el apartado de compras consolidadas y licitaciones transparentes, se establece que todas las adquisiciones de bienes y servicios de uso común —como papelería, consumibles, equipos de cómputo, mobiliario y servicios de mantenimiento— se realizarán mediante compras consolidadas, aprovechando economías de escala y evitando la atomización del gasto que encarece las operaciones y propicia opacidad. Las licitaciones serán transparentes y se prohíben asignaciones directas discrecionales. A ello se suma el uso racional de consumibles y papelería en todo el estado, con el impulso del expediente electrónico.

Respecto a la optimización del gasto en energía y recursos materiales, se contempla la sustitución progresiva por luminarias y equipos de bajo consumo energético, programas de ahorro de agua y electricidad en todas las sedes del estado, además del mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil de mobiliario, equipo informático y vehículos.

“El nuevo Poder Judicial de Michoacán se conduce bajo un estándar ético superior: sin privilegios, sin nepotismo y con total transparencia. Nuestro compromiso es con la justicia y con el pueblo que nos eligió”, afirmó el magistrado presidente.

En ese sentido, detalló que gracias a las primeras medidas implementadas desde la creación del Nuevo Poder Judicial de Michoacán, no será necesario solicitar ampliaciones presupuestales para concluir el año. Este resultado, dijo, demuestra que con disciplina financiera y honestidad en el ejercicio del gasto es posible cumplir con la ciudadanía y fortalecer el Estado de Derecho.

El Plan de Austeridad y Racionalidad Presupuestal contempla, además, la reorientación de los recursos ahorrados hacia rubros prioritarios: equipamiento, infraestructura judicial, modernización tecnológica, fortalecimiento del personal operativo y preparación institucional para la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Finalmente, como mecanismo de transparencia, control y evaluación, el plan contempla la generación de informes trimestrales de cumplimiento al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia y al Órgano de Administración; además de la publicación de las medidas e indicadores de avance, incluyendo el ejercicio detallado del presupuesto y las economías generadas. Esto se complementará con auditorías semestrales a cargo de la Contraloría Interna para verificar el cumplimiento y proponer mejoras, así como la rendición de cuentas pública sobre el destino de las economías y su aplicación al fortalecimiento del sistema de justicia.

Con esta acción, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la honestidad, eficiencia y rendición de cuentas, asegurando que cada recurso público se traduzca en mejores condiciones para quienes imparten justicia y en un servicio más accesible y confiable para la ciudadanía.

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