Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– La ambigüedad entre el ejercicio de la libertad de expresión y el cumplimiento de la normativa electoral ha sumido a Michoacán en un "limbo" que permite el proselitismo adelantado sin consecuencias claras, denunció el dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova. El líder perredista señaló que esta incertidumbre jurídica quedó al descubierto tras la reciente revocación de las medidas cautelares contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por parte del Tribunal Electoral, contradiciendo el criterio inicial del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
Para Ocampo Córdova el hecho de que dos órganos electorales tengan visiones opuestas sobre una misma conducta evidencia una falta de blindaje jurídico que los actores políticos están aprovechando. Mientras el IEM buscaba prevenir posibles vulneraciones a la equidad, el Tribunal priorizó el derecho a la libre manifestación de ideas, una brecha que, según el dirigente, está siendo estirada al máximo por quienes ostentan el poder.
“Hay ambigüedades entre la expresión de libertad y el hecho de infringir la ley electoral. Esa ambigüedad se nota en dos resoluciones distintas: el acuerdo que toma el Instituto Electoral para dar medidas ante las declaraciones del gobernador y lo que resuelve el Tribunal donde revoca esa decisión. Son criterios distintos, pero lo que nos queda claro es que el PRD siempre estará a favor de que se respete la ley electoral”, sentenció Ocampo.
El dirigente recordó que este modelo de "campañas disfrazadas" tiene su origen en la política nacional, haciendo referencia al fenómeno de las "corcholatas" que inició desde 2023. Criticó que desde la Presidencia de la República se haya incitado a este tipo de dinámicas que hoy se replican en Michoacán, donde funcionarios públicos utilizan actos masivos para posicionar nombres y rostros de cara al próximo proceso electoral, bajo el escudo de la libertad de expresión.
Ocampo Córdova subrayó que quienes administran recursos públicos tienen una responsabilidad doble de conducirse con cautela. Advirtió que la libertad de decir quién "debe ser el sucesor o sucesora" tiene un límite constitucional infranqueable cuando se utiliza el cargo para incitar el voto de manera prematura, lo que pone en riesgo la integridad de los comicios.
“Sí estamos a favor de la libertad de expresión, pero que nunca rebase el límite que la ley electoral pone. Tenemos que conducirnos todas y todos con un alto grado de responsabilidad, más todavía quienes tienen un cargo de representación popular y más todavía quienes tienen la administración de los recursos; eso no puede ser”, concluyó el dirigente perredista, insistiendo en que el respeto a la ley debe estar por encima de cualquier criterio subjetivo.
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