Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un caso insólito y viral está dando la vuelta en redes sociales: en Piura, Perú, un grupo de ronderos (guardias comunales) azotó públicamente al alcalde Darwin Quinde y a dos regidoras, como castigo por no cumplir con obras prometidas a la comunidad. El hecho fue grabado y compartido en plataformas sociales, desatando una ola de reacciones divididas entre usuarios.

El incidente ocurrió durante una asamblea comunal en el caserío de Hualcuy, en la provincia de Ayabaca, donde los pobladores reclamaron que el alcalde y las funcionarias no asistieron a reuniones de rendición de cuentas ni ejecutaron obras clave como defensas ribereñas, canales pluviales y puentes. En medio de la sesión, los ronderos sometieron a los funcionarios a doce azotes cada uno, argumentando justicia comunal.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que el edil recibe los latigazos en presencia de decenas de habitantes. La situación generó controversia, especialmente por la exposición pública y la aparente aceptación inicial del castigo. Sin embargo, posteriormente el alcalde presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial por lesiones físicas.

Aunque las rondas campesinas tienen reconocimiento en la legislación peruana como sistemas de justicia comunal en zonas rurales, el uso de castigos físicos se encuentra en un área legal gris, pues podría violar derechos fundamentales como la integridad personal. La Fiscalía deberá determinar si hubo delito y si se vulneraron garantías básicas de los funcionarios.

Este tipo de casos vuelve a abrir el debate sobre hasta dónde puede llegar la justicia comunal en Latinoamérica y si este tipo de acciones deben considerarse formas válidas de protesta o actos punibles. En redes, los comentarios van desde quienes aplauden la acción por “hacer cumplir la palabra”, hasta quienes advierten sobre los riesgos de normalizar este tipo de violencia.

rmr