Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de dos semanas de la muerte de Sergio Sagid Carreón Calderón, turista originario de Morelia que falleció electrocutado en un jacuzzi del hotel Pacífica Resort en Ixtapa, su esposa, Stephania López, denunció públicamente una serie de irregularidades y actos de negligencia por parte del establecimiento y de la Fiscalía del Estado de Guerrero.

Posible alteración de la escena del incidente

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, la viuda relató que el hotel ha evitado cualquier contacto con ella o con su equipo legal, mientras que la fiscalía no ha avanzado en las diligencias clave para esclarecer la causa del fallecimiento.

“Ayer se cumplieron 15 días y no he tenido contacto con nadie. La fiscalía no ha hecho los acuerdos correspondientes. Lo único que pienso es que quieren comprar al perito, porque saben que el jacuzzi no tenía mantenimiento”, expresó Stephania visiblemente afectada.

De acuerdo con su abogado, Héctor Omar González, cuando finalmente lograron ingresar al hotel con peritos independientes —10 días después de los hechos— encontraron evidencia de posibles modificaciones recientes en el sistema eléctrico del jacuzzi.

“Las pastillas del circuito estaban nuevas, la cinta aislante era reciente, y el estado de la instalación no correspondía con la antigüedad del resto del sistema”, explicó el abogado.

También describió que la sala de máquinas fue "asegurada" por la fiscalía sólo con una X de cinta amarilla, a pesar de tratarse de una posible escena de homicidio culposo.

“El foco del jacuzzi estaba sujeto con un solo tornillo, sin empaque, y lleno de algas. Había humedad de mucho tiempo, no de 10 días. Es evidente que no se le dio mantenimiento adecuado”, aseguró Stephania, quien estuvo presente en el peritaje.

El equipo legal denunció que ni el hotel ni la fiscalía permitieron inicialmente el acceso de peritos particulares especializados en electricidad, seguridad industrial e instalaciones hidrosanitarias.

Además, la viuda reveló que ha recibido mensajes y llamadas intimidatorias para cambiar de abogados “si quiere que el caso avance”, lo cual ha incrementado su temor sobre una posible red de complicidad entre los propietarios del hotel y las autoridades locales.

“Hay compadrazgos, hay intereses. No nos han dicho siquiera quién es legalmente responsable. El hotel tiene tres razones sociales distintas y sólo una se ha presentado ante la fiscalía”, explicó el abogado González.

rmr