Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las órdenes de aprehensión que se giraron contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; el ex secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez y 14 policías estatales son solo el inicio para saldar la deuda histórica que se tiene con la comunidad indígena de Arantepacua.
A través de la página de Facebook "Consejo Comunal Indígena de Arantepacua", los comuneros exigieron justicia y exhortaron al Poder Judicial no aceptar amparo ni encubrir a los 16 políticos y policías estatales que tienen órdenes de aprehensión.
Por lo que se emitió una máxima alerta para que haya la cumplimentación de las órdenes y justicia por la violencia y violaciones a derechos fundamentales suscitados el 04 y 05 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua; fueron 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura y 38 de tratos crueles e inhumanos de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
E, inclusive, no descartaron unirse con 40 comunidades indígenas e iniciar la búsqueda de estos actores que dañaron a la comunidad, perteneciente al municipio de Nahuatzen; en el caso del ex secretario de Gobierno y ex fiscal General del Estado, Adrián López Solís, únicamente dijeron que entorpeció las investigaciones y dilató el proceso.
En cuanto al Estado, los comuneros pidieron que se cumplan con las obras y acciones que se emitieron en la recomendación de Derechos Humanos para la reparación del daño 42VG/2020; especificaron que el 04 de abril de 2022 el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla, prometió cuatro obras que, a la fecha, no hay concluido.
"Si nuestras demandas no se entienden, realmente, no aceptaremos promesas, recurriremos a nuestro humano a la protesta social. No permitiremos que el Poder Judicial impida la justicia, tampoco toleraremos que el Poder Ejecutivo Estatal incumpla los acuerdos en materia de reparación del daño; si no hay justicia para nuestro pueblo, no habrá paz para el Gobierno. Aranteapacua vive y está en pie de lucha", sostuvieron.
Los comuneros fueron insistentes en no descartar movilizaciones sociales si llegara a existir encubrimiento o no justicia por los hechos de violencia que vivió la comunidad.
Los hechos se remontan al 04 y 05 de abril de 2017, cuando policías estatales ingresaron a la comunidad purépecha de Arantepacua para recuperar el control, pero que derivó en un episodio marcado por la violencia.
Y es que los uniformados intentaron recuperar alrededor de 100 vehículos de carga que los indígenas tenían retenidos como parte de una propuesta por un conflicto agrario ancestral que mantenían con el pueblo vecino de Capácuaro, municipio de Uruapan.
Los pobladores planeaban realizar una manifestación en Morelia, pero los policías impidieron el paso, regresaron a su localidad, donde bloquearon la carretera que va de la capital michoacana a Uruapan y retuvieron camiones de pasajeros.
La respuesta del gobierno de Silvano Aureoles Conejo fue enviar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes irrumpieron en la población, allanaron domicilios y efectuaron detenciones arbitrarias.
Aunque al inicio se intentó pasar la agresión como un enfrentamiento a raíz de una supuesta emboscada contra los elementos de la fuerza pública, los pobladores evidenciaron que estaban desarmados y fueron víctimas de la embestida de las corporaciones de seguridad.
En diciembre de 2020 la CNDH emitió la recomendación 42VG/2020 dirigida al Gobierno de Michoacán y a la Fiscalía General del Estado por violaciones graves ocurridas durante un operativo policial los días 04 y 05 de abril de 2017 en la comunidad purépecha de Arantepacua por el uso excesivo de la fuerza que resultó en la muerte de cuatro personas, entre ellos un menor de edad, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias.
La recomendación tienen acciones específicas como una disculpa pública a la comunidad, reparación integral, atención médica y psicológica a las víctimas y la creación de un memorial.
El caso sigue siendo un referente de la lucha por la justicia en comunidades indígenas de Michoacán; el viernes pasado, la Fiscalía General del Estado logró que un juez de control emitiera 16 órdenes de aprehensión contra el ex gobernador, Silvano Aureoles Conejo, el ex secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez y 14 policías estatales por su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida en la comunidad en abril de 2017.
BCT