Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La labor del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM) no concluye con la emisión de una sentencia, sino que se extiende al seguimiento riguroso de su cumplimiento por parte de las autoridades obligadas. Así lo afirmó la magistrada presidenta del TEEM, Amelí Navarro Lepe, quien detalló que el Tribunal está obligado a verificar que sus resoluciones se acaten "en tiempo y en forma", ya sea de oficio o a petición de parte mediante un incidente de incumplimiento.

Navarro Lepe informó que, hasta el momento, el Tribunal tiene bajo seguimiento activo nueve asuntos, de los cuales cinco fueron iniciados de oficio y cuatro derivan de incidentes promovidos por las partes afectadas.

La mayoría de los incumplimientos detectados se concentran en solicitudes de información. Específicamente, cuatro asuntos pendientes involucran a integrantes de ayuntamientos a quienes no se les ha proporcionado la información o documentación solicitada para el ejercicio de sus funciones, a pesar de que el Tribunal ya ordenó su entrega completa y oportuna.

Además, existen otras omisiones relevantes: la magistrada presidenta señaló que hay tres casos pendientes en el municipio de Tarímbaro relacionados con la omisión de emitir la convocatoria para la elección de Jefaturas de Tenencia, un mandato previamente ordenado por la autoridad judicial. A esto se suman dos casos en seguimiento relacionados con el cumplimiento de medidas de no repetición y satisfacción derivadas de sentencias por violencia política contra las mujeres.

Navarro Lepe enfatizó que el Tribunal posee las facultades necesarias para hacer cumplir sus resoluciones, incluyendo la aplicación de sanciones como multas, medidas de apremio, llamados de atención e, incluso en casos extremos de desacato, la posibilidad de emitir cumplimientos sustitutos.

La magistrada presidenta aclaró que, particularmente en materia electoral y en casos de Violencia Política por Razón de Género, no existen efectos suspensivos, lo que significa que las autoridades deben acatar las medidas ordenadas inmediatamente después de que la sentencia queda firme, sin esperar procesos de impugnación adicionales.

Finalmente, Navarro Lepe destacó la carga de trabajo adicional que implica este proceso de verificación, ya que no basta con que las autoridades informen que cumplieron; deben acreditarlo con constancias que el Tribunal debe verificar exhaustivamente, a menudo dando intervención a la parte actora para garantizar que el derecho vulnerado haya sido efectivamente restituido.

SHA