Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- La Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario (AMPyDC) llamó al Congreso de Michoacán y al Poder Ejecutivo para que las recientes reformas en materia de salud mental no se queden solo en el papel, sino que sean respaldadas con presupuesto suficiente y voluntad política real. La organización advierte que el patrón de "legislar sin presupuestar" constituye una simulación política que traslada el costo de la política pública al esfuerzo y la precariedad de los profesionales de la psicología.
El núcleo de las exigencias sindicales se centra en la erradicación inmediata de las condiciones laborales precarias que afectan a miles de profesionales en el sistema de salud pública. La AMPyDC demanda la "eliminación progresiva y verificable de los esquemas de honorarios asimilados a salarios, contratos por obra determinada y otras figuras que encubren relaciones laborales subordinadas sin reconocerlas como tales," exigiendo que se otorguen bases laborales acordes a la responsabilidad que desempeñan.
Además de la regularización laboral, la Asociación exige justicia salarial y transparencia en la contratación. Solicitaron el establecimiento de tabuladores salariales diferenciados que reconozcan la especialización, trayectoria e intervención de los psicólogos, equiparándolos con otras profesiones de salud de perfil equivalente.
Otro punto fundamental para el desarrollo profesional, manifestaron, es la inclusión en la formación continua. La AMPyDC exige que los psicólogos comunitarios y de atención primaria sean integrados en los programas de formación continua, supervisión clínica y cuidado del cuidador, programas que actualmente se reconocen como necesarios para el personal médico residente, pero que excluyen a estos profesionales esenciales.
Advierten que la vocación de servicio no puede seguir siendo el único soporte financiero de una política pública que el Estado se niega a financiar dignamente, una práctica que permite a los legisladores presentarse con supuestos avances sin asumir el costo real de las promesas.
Ante esta situación, el llamado urgente se dirige a tres frentes: se insta al Congreso de Michoacán a complementar el paquete de reformas con una iniciativa de presupuesto etiquetado y suficiente para salud mental. Paralelamente, se exige al Ejecutivo estatal la presentación de un plan de concursos de plazas con metas, tiempos y recursos verificables.
BCT