Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció la suspensión de actividades jurisdiccionales para el día 23 de febrero de 2026 en los tribunales con sede en Morelia y Uruapan, Michoacán. La medida fue declarada como causa de fuerza mayor debido a la grave situación de inseguridad que prevalece en diversas regiones del estado, incluyendo bloqueos carreteros y la suspensión de servicios de transporte público.
El acuerdo, emitido el 22 de febrero de 2026, afecta a diversas instancias clave del Décimo Primer Circuito (Michoacán). Específicamente, la declaratoria inhábil abarca a las magistradas y magistrados de los Tribunales Colegiados, el Tribunal de Apelación, los jueces de Distrito de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, así como a los jueces de Distrito con residencia en Morelia y Uruapan.
La consecuencia directa de esta declaratoria es que, durante el día señalado, NO TRANSCURRIRÁN PLAZOS NI TÉRMINOS PROCESALES en los procedimientos judiciales correspondientes. No obstante, la autoridad judicial precisó que se mantendrán guardias en todos los órganos jurisdiccionales mencionados para atender únicamente aquellos asuntos considerados urgentes conforme a la ley.
La decisión se fundamenta en los hechos ocurridos el día del aviso, que incluyeron bloqueos de carreteras en múltiples puntos del estado y la interrupción de corridas de autobuses. Estas circunstancias, según el comunicado, exponen la integridad física de los litigantes, abogados, servidores públicos y ciudadanos, dificultando el tránsito seguro hacia y desde las instalaciones judiciales.
El aviso oficial fue emitido bajo los fundamentos de los artículos 9 y 10 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y fue suscrito por los coordinadores de las distintas áreas jurisdiccionales del circuito, incluyendo a la Magistrada Monserrat Erandi Ambrosio Mondragón y al Juez Salvador Paz Hurtado, entre otros.
El objetivo primordial de esta suspensión temporal es salvaguardar la integridad y seguridad de todas las personas usuarias del servicio de impartición de justicia, así como del personal adscrito a estos órganos, ante el riesgo que representa el clima de inestabilidad y violencia en la entidad.
BCT