Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Samara Martínez, promotora de la llamada “Ley Trasciende”, ha colocado en el centro del debate nacional una pregunta incómoda pero inevitable: ¿quién decide cómo vivir y, sobre todo, cómo morir, cuando una enfermedad terminal ya no da tregua? Su historia personal, atravesada por el dolor físico y la reflexión ética, impulsa una iniciativa de reformas jurídicas que buscan despenalizar y regular la ayuda médica para “bien morir” en México.
Con 30 años de edad, Samara Martínez vive desde hace más de una década con insuficiencia renal crónica en etapa terminal, agravada por lupus eritematoso sistémico. Desde los 17 años ha padecido diversas enfermedades que la han llevado a más de diez cirugías, dos trasplantes fallidos y jornadas de hasta 10 horas diarias conectada a una máquina de diálisis. Esa rutina, explica, no es solo una estadística médica, sino una experiencia que erosiona la autonomía y redefine la dignidad.
La activista sostiene que la eutanasia no es una renuncia a seguir luchando por la vida, sino una defensa del derecho a decidir. “No es promover la muerte”, aclara, “es impedir que el Estado obligue a prolongar el sufrimiento cuando ya no existe posibilidad de curación”. En su planteamiento, la compasión no se opone a la vida: la protege hasta el último momento.
Actualmente, explica, el debate se enfrenta a un marco legal que aún define en México la eutanasia como “homicidio por piedad”. Aunque desde 2002 se han presentado al menos siete iniciativas para reformar la Ley General de Salud, ninguna prosperó quizá por una razón: legislar desde el privilegio de la salud, sin escuchar a quienes viven el deterioro cotidiano del cuerpo.
Afortunadamente, comenta, la situación ha cambiado ya que pacientes y cuidadores encabezan la discusión y han llevado la iniciativa hasta el Senado. El cambio de tono —de lo político a lo humano— ha permitido abrir puertas en casi todos los grupos parlamentarios y colocar el tema en la conversación pública nacional, incluso con pronunciamientos desde el Ejecutivo.
Uno de los aportes centrales de la Ley Trasciende es ampliar la mirada más allá del paciente, ya que una enfermedad terminal arrastra a familias enteras, especialmente a las cuidadoras que en su mayoría son mujeres que sacrifican estudios, trabajo y bienestar emocional durante años, sin reconocimiento ni apoyo suficientes. Morir con dignidad, sostiene, también significa aliviar ese sufrimiento compartido.
En redes sociales, donde su testimonio alcanza a millones, la activista enfrenta respaldo y resistencia. La mayoría de los mensajes son de apoyo; las críticas, dice, suelen provenir del desconocimiento o de convicciones religiosas. A todos, les propone un ejercicio simple: acompañar a un enfermo terminal en un hospital y observar si el dolor prolongado puede llamarse vida digna.
Samara Martínez distingue con precisión entre eutanasia, ayuda médica para morir y suicidio médicamente asistido. En México, aclara, la lucha se centra en la eutanasia: que el Estado garantice asistencia médica para una muerte sin dolor, sin sustituir los cuidados paliativos —a los que accede menos del 3 por ciento de quienes los necesitan, de acuerdo con estimaciones de organizaciones de salud—, sino complementando opciones.
De aprobarse la reforma, el derecho aplicaría inicialmente solo a mayores de 18 años en pleno uso de sus facultades mentales y tras evaluaciones psicológicas. Aunque no existen datos precisos, calcula que alrededor de 800 mil personas viven con enfermedades terminales avanzadas en el país, de las cuales miles padecen dolores severos; no todas optarían por este camino, pero todas, insiste, deberían tener la posibilidad legal de decidir.
Al final, la activista es clara: la dignidad no admite excepciones. “Más vale tener el derecho y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo”, resume. En esa frase se condensa una demanda que ya no es marginal: dejar de criminalizar la compasión y reconocer que la muerte, cuando llega, también merece justicia.
BCT