Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador genera más dudas que certezas y no garantiza que la impartición de justicia en México vaya a mejorar, coinciden presidentes de Colegios de Abogados en Michoacán. Por el contrario, lamentan que la experiencia acumulada por años de preparación a través de la carrera judicial se pierda.
Araceli Gutiérrez Cortés, presidenta del Colegio de Abogadas de Michoacán, y Gamaniel Esparza Verduzco, presidente del Colegio de Abogados de Michoacán, tras analizar la iniciativa de reforma al Poder judicial, que fue presentada por el presidente el pasado 5 de febrero, advierten una serie de problemas que se pueden derivar cuando entre en vigor, en caso de ser aprobada en el mes de septiembre, como lo ha adelantado Morena y sus aliados.
Si bien reconocen que cualquier poder o institución del Estado mexicano es susceptible de ser reformado, la iniciativa propuesta genera muchas inquietudes y dudas sobre su operatividad. De entrada, se desconoce qué pasará con los más de mil 600 jueces, magistrados y ministros que conforman el Poder Judicial federal, ya que la iniciativa solo establece que “concluirán su encargo en la misma fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria que se celebre para la renovación de los cargos de mando del Poder Judicial de la Federación”.
Tampoco hay claridad, dicen, sobre la forma en que llevarían a cabo las campañas de las y los aspirantes a ocupar un cargo en el Poder Judicial para finalmente ser sometidos a un proceso de elección, a través de un órgano que todavía no ha sido creado como es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Aunque la iniciativa, presentada justamente en el aniversario de la Constitución de 1917, establece que la “reforma no debilita al Poder Judicial ni merma su autonomía e independencia, sino que la fortalece de la legitimidad emanada del poder popular”, ambos juristas coinciden que no existe ningún dato fehaciente que sustente este argumento y sí, por el contrario, puede generar presiones en los juzgadores cuando se trate de casos cuyas resoluciones puedan resultar impopulares.
“Me parece que lo preocupante en caso de que esto pudiera irse a elección por voto popular permite pensar que aún y cuando en las reformas se plantea que no puede haber intervención por los partidos políticos, que no puede haber financiamiento público o privado, que estas campañas que duran 60 días tienen que hacerse a través de un mecanismo de radio y televisión otorgado por el propio Estado, sí se abre la puerta de que entren algunos poderes fácticos, desde partidos políticos, desde empresarios, desde la propia delincuencia que puede ser uy atractivo para ellos el poder meter mano en un proceso de selección, aún tratándose de voto popular, a personas que se encargan de impartir justicia y el riesgo que se genera al no poder garantizar que sean personas que efectivamente tengan la experiencia o la trayectoria para garantizar un conocimiento técnico y sobre todo una imparcialidad en la impartición de justicia”, expresó Gutiérrez Cortés.
Uno de los aspectos que más preocupa a los abogados es la desaparición de la llamada carrera judicial, que ha permitido la profesionalización integral de la función jurisdiccional, brindando los conocimientos teóricos y técnicos para desempeñar su labor, una que es eminentemente especializada. Ahora, se privilegiarán las relaciones políticas o incluso partidistas para alcanzar algunos espacios dentro del Poder Judicial.
“No se puede elegir a un juzgador de la misma forma que se elige a alguien por su carisma o por el trabajo que hace; acá (en el Poder Judicial) se les asigna un espacio a través de un concurso, a través de una oposición y sobre todo a través de un talento que han tenido a través de la educación y que se han formado dentro de una carrera judicial y que es difícil que podamos votar por alguien que tenga esas características entonces estaríamos atentando contra una certeza jurídica, estaríamos atentando contra las figuras que realmente pueden solucionar un problema de administración de justicia”, expuso Esparza Verduzco.
En el mismo tenor, Araceli Gutiérrez recuerda que la impartición de justicia “no es un asunto popular” y cuestiona qué tipo de campañas y propuestas harían quienes aspiren a ocupar un espacio en el Poder Judicial: “¿qué es lo que van a proponer en este proceso de campaña? Dice (la iniciativa) que se pueden hacer foros de debate, pero ¿qué es lo que van a debatir? ¿qué pueden comprometerse que no sea el observar con apego total la norma y la Constitución? ¿qué van a decir? Yo siempre voy a emitir sentencias en favor del pueblo. ¿cuál es ese compromiso que van a vender a la ciudadanía a través de un proceso de campaña que sigo sin tener muy claro?”.
La iniciativa también propone una reforma al artículo 116 de la Constitución federal para que en las Constituciones y las leyes orgánicas de los Poderes Judiciales estatales se establezca la elección de jueces y magistrados por medio del “voto directo y secreto de la ciudadanía”, así como la "creación de órganos independientes para su administración y disciplina".
rmr