Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del debate nacional sobre la legalidad de la prisión preventiva oficiosa que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este 2025, datos del Inegi sobre Michoacán revelan la magnitud del reto en materia de justicia y derechos humanos.

Los centros penitenciarios del estado concentran una población total de 6 mil 579 personas. De ellas, 5 mil 108 pertenecen al fuero común, mientras que mil 471 enfrentan procesos del fuero federal.

Dentro de este universo, 3 mil 350 personas permanecen privadas de la libertad sin sentencia, bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa: 2 mil 427 corresponden al fuero común y 923 al fuero federal.

La discusión nacional sobre la constitucionalidad de esta medida ha puesto en el centro el impacto que tiene sobre la presunción de inocencia y la sobresaturación carcelaria. En Michoacán, los datos reflejan que más de la mitad de las personas recluidas por el fuero común aún no han recibido una resolución judicial definitiva.

Mientras tanto, en la Suprema Corte continúa la deliberación sobre los alcances de esta medida cautelar, la cual ha sido cuestionada en los últimos años por organismos internacionales defensores de derechos humanos.

A nivel local, el Gobierno de Michoacán se ha pronunciado en contra de la eliminación de dicha medida, argumentando las implicaciones que tendría para la procuración y administración de justicia.

En promedio, los tiempos de judicialización de carpetas de investigación por homicidio, feminicidio, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto, como el secuestro, pueden tardar más de dos años en alcanzar una sentencia definitiva.

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