Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un nuevo frente de preocupación se abre para el sector empresarial michoacano, distinto a la jornada laboral: el cumplimiento de la llamada "Ley Silla". El abogado laboralista Luis Fernando Rodríguez Vera señaló que esta normativa, que obliga a proveer asientos ergonómicos para los trabajadores que pasan largas horas de pie, generará un impacto económico y logístico significativo en 2026, año en que se espera una mayor activación de las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La legislación a la que se refiere Rodríguez Vera es un acuerdo emitido por la STPS que entró en vigor el 17 de julio de 2025, tras su publicación en diciembre de 2024. Este marco legal busca garantizar el "descanso de los trabajadores en estado de bipedestación", obligando a los patrones a adquirir sillas adecuadas —con respaldo, descansabrazos y, en algunos casos, reposapiés— y a readecuar los espacios de trabajo para permitir pausas periódicas.

Rodríguez Vera fue enfático al señalar que esta obligación va más allá de una simple compra, pues implica una reorganización de las áreas de trabajo. El abogado, quien previamente mencionó el reto de las 40 horas, ahora pone el foco en este nuevo requerimiento:

"Esta ley que consideramos que ni es ley ni es silla, pues también causa impacto porque esto va a implicar que algunas empresas tengan que readecuar sus espacios de trabajo para dejarles espacios a sus trabajadores, acorde a la naturaleza de la empresa."

El gran desafío que vislumbra el especialista radica en la informalidad. Mientras que las empresas grandes y formales suelen contar con comisiones internas de seguridad e higiene, encargadas de fiscalizar y asegurar el cumplimiento, una gran parte del tejido empresarial michoacano opera sin estas estructuras. Esto deja a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad, donde el derecho al descanso se exige, pero el empleador no está preparado para cumplir.

A nivel federal, la Ley Silla busca prevenir riesgos laborales asociados a la permanencia prolongada de pie, una condición común en sectores como el comercio y servicios. La normativa exige que, según el nivel de riesgo determinado (bajo, medio o alto), se implementen pausas activas y se proporcione el mobiliario adecuado para que el empleado pueda tomar sus descansos periódicos.

El abogado advirtió que el 2026 será un año clave para la vigilancia laboral. Se espera que la inspección del trabajo sea más activa para obligar a los patrones a cumplir con esta normativa. Para el empresario, esto se traduce en un "mayor gasto" y la necesidad urgente de organizar mejor sus áreas operativas para cumplir con este alineamiento.

La "Ley Silla" se suma a los retos regulatorios que enfrentan los empresarios en Michoacán, obligándolos a invertir en infraestructura ergonómica y a formalizar sus procesos de seguridad e higiene, bajo la amenaza de sanciones si los trabajadores comienzan a exigir activamente su derecho al descanso periódico.

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