Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), Nuria Gabriela Hernández Abarca, reconoció que en México persisten profundas brechas de desigualdad que impiden que los avances jurídicos se traduzcan en cambios reales para las mujeres: “Si bien es cierto que hemos avanzado muchísimo en términos legislativos, en políticas públicas todavía nos falta un montón”

Durante una entrevista en el programa “En contexto, abriendo la conversación en Michoacán”, que se transmite de lunes a viernes de 16:00 a 17: 00 horas por Radio Fórmula Morelia, la funcionaria planteó que incluso la propia denominación de la fecha invita a una reflexión más amplia. “Tendría que ser el Día Internacional de las Mujeres”, dijo, al señalar que la diversidad de realidades obliga a pensar políticas diferenciadas para garantizar el acceso efectivo a los derechos.

Recordó que el movimiento que dio origen al 8 de marzo surgió precisamente de la lucha contra la desigualdad laboral y social. Sin embargo, advirtió que esas condiciones no han desaparecido. “Todavía hay un pago diferenciado entre si eres hombre o mujer por el mismo trabajo”, señaló.

A pesar de los avances políticos —como la paridad en los congresos o la presencia creciente de mujeres en cargos públicos como la Presidencia de la República— Hernández Abarca sostuvo que esto no garantiza automáticamente el avance de la agenda feminista. “Tener cuerpo de mujer no te garantiza conciencia de género”, afirmó al referirse a la falta de impulso a políticas de igualdad desde algunos espacios legislativos.

También cuestionó la forma en que se elaboran muchas leyes en el país. Según explicó, gran parte de la legislación se diseña desde el escritorio, sin considerar plenamente la realidad de los territorios. “Las leyes siguen escribiéndose desde una realidad parcial”, dijo, al advertir que las condiciones que viven las mujeres en comunidades rurales o indígenas suelen quedar fuera de la normativa.

Un ejemplo de estas desigualdades se observa en sectores particularmente vulnerables. Mencionó el caso de las mujeres con discapacidad, como las personas sordas que enfrentan obstáculos para ejercer su derecho a la educación o a la justicia. “¿Qué pasa con las niñas sordas que quieren seguir estudiando y no tienen un intérprete de lengua de señas?”, cuestionó.

La funcionaria subrayó que estas limitaciones también se reflejan en la atención institucional frente a la violencia. Si una mujer con discapacidad sufre una agresión, explicó, muchas veces no existen mecanismos adecuados para denunciar o recibir apoyo. “¿Cómo pide ayuda al Ministerio Público cuando no tenemos intérpretes permanentes?”, planteó.

En el contexto nacional, los retos son evidentes. De acuerdo con cifras oficiales, más del 70% de las mujeres de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia, lo que evidencia la brecha entre los avances legales y la realidad cotidiana.

Hernández Abarca también se refirió a las alertas de violencia de género, implementadas desde hace una década como un mecanismo para obligar a los estados a atender la problemática. En el caso de Michoacán, recordó que 14 municipios fueron incluidos en la declaratoria. Sin embargo, advirtió que los resultados han sido limitados por la falta de continuidad en las políticas públicas. “Cada tres o seis años hay que volver a empezar”, lamentó.

Ante este panorama, la funcionaria insistió en que el principal reto es escuchar a las mujeres y construir políticas desde el territorio. “Las marchas del 8 de marzo son un termómetro de las necesidades reales”, afirmó. “Lo que nos están diciendo es lo que nos falta por hacer”.

BCT