CORTESÍA
Michoacán

Gobierno envía observaciones al Congreso por eliminación de carta de no antecedentes penales como requisito electoral

Las observaciones están enmarcadas en el punto cuarto de la orden del día de la sesión del Congreso programada para este miércoles

Naomi Carmona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado de Michoacán envió observaciones al Congreso local respecto al Decreto Legislativo Número 423, aprobado el 11 de marzo de 2026, que elimina la obligación de presentar cartas de no antecedentes penales (federal y local) para el registro de candidaturas a cargos de elección popular.

En el documento, el Ejecutivo observa en su totalidad la reforma, argumentando que la eliminación del requisito contraviene parámetros constitucionales vigentes y el margen de configuración normativa que tienen las entidades federativas en materia electoral. El Gobierno sostiene que la carta de no antecedentes penales es un mecanismo idóneo para verificar la idoneidad de las personas aspirantes y garantizar la integridad en el ejercicio de la función pública.

El Ejecutivo recuerda que el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece supuestos de suspensión de derechos o prerrogativas de los ciudadanos, incluyendo cuando exista sentencia ejecutoria por delitos graves como aquellos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, violencia familiar o violencia política contra las mujeres en razón de género. En ese sentido, la exigencia de constancias de no antecedentes penales permite a las autoridades electorales verificar que los candidatos no se encuentren en tales supuestos.

También se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas acciones de inconstitucionalidad, ha analizado requisitos similares, pero enfatiza que cada caso debe examinarse considerando las particularidades del derecho político-electoral y el margen de configuración legislativa de las entidades federativas.

El Ejecutivo consideró que la derogación propuesta incurre en una indebida generalización al trasladar criterios de otros ámbitos al derecho a ser votado, sin realizar un análisis diferenciado bajo el principio de proporcionalidad. Por ello, estima que el Decreto no resulta viable en sus términos actuales y requiere ajustes para su adecuada aplicación.

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