Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó el decreto de Promulgación de la Ley contra el Delito de Extorsión en Michoacán, con la finalidad de que entren en vigor las reformas a esta legislación aprobadas por el Congreso del Estado.
Acompañado del senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, Ramírez Bedolla resaltó la relevancia que tendrá para las y los michoacanos lograr que se tenga el castigo que amerita este delito, pero, sobre todo, que la iniciativa pueda ser retomada a nivel federal para impulsar una Ley General Antiextorsión.
El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, resaltó el paso tan importante que dio Michoacán a nivel federal, al ser el primer estado del país en realizar una reforma en el tema de extorsión en beneficio de las y los michoacanos, logrando que la justicia prevalezca.
“Nueve de cada diez extorsiones no son denunciadas, siendo un grave problema que padece la población por parte del crimen organizado y lo que se está haciendo en la entidad es un ejemplo que debe trasladarse a nivel federal”señalo
El gobernador puntualizó que “la reforma aprobada fue consultada con la Fiscalía General del Estado, con la Comisión Nacional Antisecuestro y con el Poder Judicial, por lo que tenemos la seguridad de que tendrá una buena aplicación. Se hará justicia en Michoacán, erradicando y combatiendo la impunidad y se le dará un golpe certero al delito de extorsión”, apuntó.
César Augusto Ocegueda Robledo, consejero Jurídico del Gobierno del Estado, mencionó que el delito de extorsión es uno de los más frecuentes y su incremento va al alza de manera alarmante en regiones como Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia, Zitácuaro, La Piedad, Zamora-Jacona, afectando de manera importante los sectores productivos que en ellas se desarrollan.
Reconoció la voluntad de los legisladores que aprobaron por unanimidad la iniciativa presentada por el Ejecutivo, actualizando la pena a los responsables de extorsión pasando de 15 a 25 años de prisión cuando anteriormente era de 4 a 13 años. Esto, derivado de que ahora es considerado como uno de los delitos que atenta contra la paz de las personas.
RPO