Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) imputó formalmente a Luis Ángel “N”, secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan, por su presunta participación en los delitos de cohecho y rebelión. Su detención ocurrió el pasado 14 de septiembre durante un operativo conjunto con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), en el que también fueron aseguradas tres personas armadas que intentaron rescatarlo a bordo de una patrulla clonada.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Luis Ángel “N” fue sorprendido en posesión de cartuchos útiles, y al ser interceptado intentó sobornar a los agentes con dinero en efectivo para evitar su aprehensión. Minutos después, tres sujetos armados llegaron al sitio en una camioneta rotulada con los colores y balizamientos de la Policía Municipal. Al no acreditarse como elementos activos, fueron detenidos, y con ellos se aseguraron armas largas, una granada y el vehículo clonado.
Los tres hombres fueron identificados como Miguel Ángel “N”, Alberto “N” y César Iván “N”. Posteriormente, se confirmó que el vehículo era robado y que los detenidos mantenían presuntos vínculos con el crimen organizado.
La narrativa tomó mayor fuerza cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que el caso está relacionado con la difusión de videos atribuidos al autodenominado “Ejército Purépecha”, un grupo que —según las autoridades— pretendía usurpar la voz de los pueblos indígenas para fines delictivos.
“Cero impunidad, no va a haber impunidad y las investigaciones continúan y se amplían. [...] La investigación no está cerrada, está abierta y seguiremos, son los primeros cuatro detenidos y veremos cómo avanzan las investigaciones”, declaró el mandatario.
La FGE calificó de legal la detención de Luis Ángel “N” y solicitó prisión preventiva, en tanto se resuelve su situación jurídica. Su imputación incluye los delitos de cohecho y rebelión, este último tipificado en el artículo 313 del Código Penal del Estado de Michoacán.
Por su parte, los tres sujetos que intentaron su rescate quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), pues su caso será investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), al encontrarse posibles vínculos con el crimen organizado.
Este caso no solo expone una posible infiltración criminal en el gobierno municipal de Jiquilpan, sino que también revela una estrategia de manipulación basada en la supuesta representación de comunidades originarias que, de acuerdo con el propio gobernador, jamás estuvieron involucradas.
rmr