Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El asesinato de Daniela, mujer trans cuyo cuerpo fue localizado este sábado 12 de abril en el Río Grande, al norponiente de Morelia, revivió una deuda legislativa que colectivos llevan años denunciando: la falta de un marco legal que reconozca el transfeminicidio como un delito en Michoacán.
Colectivos como PRIDE Michoacán y Michoacán es Diversidad exigieron a la Fiscalía General del Estado que el caso de Daniela se investigue con perspectiva de género y diversidad, y que no quede impune; no obstante, el problema de fondo es que, sin tipificación, la FGE no puede abrir carpetas por transfeminicidio ni generar estadísticas oficiales de crímenes de odio contra mujeres trans.
A diferencia de seis entidades que ya reformaron sus códigos penales, Michoacán sigue sin tipificar el transfeminicidio. Hoy existen dos iniciativas en la 76 Legislatura, pero ninguna ha sido dictaminada.
La primera fue presentada el 27 de septiembre de 2024 por la ciudadana Vianey Salto Olvera y el CESMICH, respaldada por los diputados Reyes Galindo (PT) y Sandra Arreola (PVEM), con penas de hasta 75 años. La segunda llegó en mayo de 2025 por la diputada Xóchitl Ruiz (PVEM), planteando 50 años de prisión.
Mientras el Congreso no lo nombre, la violencia queda “jurídicamente invisible”. El fiscal especializado en derechos humanos ya confirmó a PRIDE Michoacán que no existen carpetas de investigación por crímenes de odio ni terapias de conversión, precisamente por falta de tipificación.
En contraste, seis entidades ya tipifican el transfeminicidio como delito específico:
Nayarit: estado pionero en reconocer el transfeminicidio desde marzo de 2024, con penas de hasta 60 años.
Ciudad de México: aprobó la Ley Paola Buenrostro en julio de 2024, con sanciones de 35 a 70 años, tras una larga lucha encabezada por su mejor amiga, Kenya, quien se atrevió a marchar en las calles de CDMX con el féretro de su amiga para exigir justicia por ella.
Baja California, Baja California Sur y Campeche: las tres entidades se sumaron en 2025 bajo la misma Ley Paola Buenrostro.
Estado de México: sexta entidad, con penas de 40 a 70 años que pueden subir a 93 años 4 meses con agravantes.
Del 2014 al 2024, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT registró 672 crímenes de odio en México, con mujeres trans como principales víctimas. En Michoacán, el mismo observatorio documentó 46 crímenes de odio contra personas trans en una década, aunque activistas advierten que la cifra real es mayor por la falta de tipificación.
La Suprema Corte resolvió en febrero de 2024 que los asesinatos de mujeres trans deben considerarse víctimas de feminicidio. Sin embargo, la exministra Norma Piña instó a tipificar la “violencia transfeminicida” para castigar específicamente estos crímenes.
Para Itzel Bernabé Díaz, integrante de PRIDE Michoacán, la prioridad es legislar antes que crear centros de atención: sin figuras jurídicas como crímenes de odio o terapias de conversión, no hay protocolos de investigación ni acceso a justicia para la comunidad LGBTTTIQ+.
Mientras seis estados avanzan, Michoacán sigue en la lista de pendientes. La exigencia de justicia para Daniela es también la exigencia de que el Congreso nombre el delito que le arrebató la vida.
RPO