Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– A pesar del optimismo por la creciente coordinación federal y los proyectos de industrialización que buscan transformar a Michoacán de una potencia agropecuaria a una industrial, la iniciativa privada mantiene una reserva crítica: la falta de confianza. Para José Luis Díaz Santillán, presidente de la Coparmex en Michoacán, aunque la infraestructura y los parques industriales están avanzando, el clima de inversión sigue empañado por la incertidumbre jurídica y la inseguridad.

El líder empresarial destacó que Michoacán se encuentra en un momento coyuntural con la creación de polos de desarrollo que buscan agregar valor a los productos locales para exportación. Sin embargo, fue enfático en que la "mesa preparada" por el gobierno no será suficiente si los empresarios, tanto locales como extranjeros, no perciben una certeza real en la propiedad y en el cumplimiento de las leyes.

“La mesa está preparada para que se pudiera dar en un momento dado este escenario, pero algo que hace falta y que está en construcción, sin duda es la confianza. La inversión no se va a dar en el Estado si no logramos que Michoacán se perciba con una mayor certeza para la inversión en todos los aspectos del Estado de Derecho”, sentenció Díaz Santillán.

Uno de los puntos que más "pegan" al bolsillo de los empresarios y, por consecuencia, al de los ciudadanos, es la inseguridad en las carreteras. El presidente de Coparmex vinculó directamente el incremento en los precios de la canasta básica con los riesgos del transporte de carga, señalando que la falta de libre tránsito y el costo de las gasolinas están disparando los gastos operativos de las empresas.

En el tema de la extorsión, Díaz Santillán recordó que, de acuerdo con datos de la Coparmex Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este delito le cuesta a las empresas mexicanas cerca de 15 mil millones de pesos anuales. Ante esta crisis, urgió al Congreso de Michoacán a no postergar más la armonización de las leyes locales con la Ley General de Combate a la Extorsión.

“El dato más reciente tiene que ver con el tema de la extorsión (...) en donde se manifiesta que a nivel nacional el costo para las empresas está por el orden de los 15 mil millones de pesos anuales; urge también en lo local homologar las leyes para que se pueda tener una mejor actuación en coordinación con la ley general”, puntualizó el representante patronal.

Finalmente, el sector empresarial michoacano hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que la estrategia de seguridad garantice que el autotransporte público y privado pueda circular libremente. Para la Coparmex, el futuro industrial del estado no depende solo de naves industriales, sino de un entorno donde el libre tránsito y la protección contra el crimen organizado dejen de ser una variable de riesgo y se conviertan en una garantía institucional.

BCT