Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 31 de mayo se cumplirá un año de la invalidez de diversos artículos de la Ley de Educación de Michoacán, declaración hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acciones promovidas por las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, y resueltos bajo la ponencia de la Ministra Norma Piña Hernández.
Fueron diversos señalamientos los que hizo la SCJN a más de 80 artículos por: la exclusión de la familia en sentido amplio y tutores en el proceso educativo; facltades administrativas de las autoridades educativas; indebida regulación de becas; violación al derecho a la identidad, acceso a la educación y a la autonomía universitaria; discriminación en el acceso a la educación y sistema de evaluación inadecuado; desigualdad en los recursos a planteles educativos; sostenibilidad de la educación; entre otras cuestiones.
Sin embargo, el acta de acción de inconstitucionalidad de las normas educativas señala al menos 14 artículos 23, 84 a 87 y 94 a 102, relativos a la educación indígena, inclusiva y especial, "toda vez que dichos preceptos afectaban directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de consultar a dichos grupos de manera previa a la expedición de la ley".
En resumen, el Congreso del Estado no realizó las consultas previas, libres e informadas en las comunidades indígenas y población con discapacidad para realizar la Ley de Educación que se aprobó el 15 de mayo del 2020, durante la LXXIV Legislatura.
La presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos, Brenda Fraga Gutiérrez, reconoció la falta de órganos internos, que permita al Congreso del Estado, realizar las consultas ciudadanas correspondientes, y así evitar la intervención de la SCJN al resolver acciones de inconstitucionalidad y amparos.
"El Congreso no tiene un área específica para hacer consulta por lo tanto, nadie quería tomar la responsabilidad para tomar la consulta. Lo que sucede al interior del Congreso es que no hemos sido conscientes de las diferentes indicaciones que la SC ha dado en todo el país y pensamos que eso no va a remitir al Congreso de Michoacán".
Esta situación, no sólo deja a la comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos en inoperancia, sino que pone en riesgo la existencia del Poder Legislativo en la entidad, según mencionó la diputada del Partido del Trabajo en entrevista para MIMORELIA.COM
"La Suprema Corte habla de que si los congresos no resuelven como sebe ser de parte de los derechos humanos de los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, incluso los congresos pueden ser disueltos, es decir, desaparece un congreso por no acatar una indicación y justo en esa situación está Michoacán".
Para resolver el conflicto, la comisión en cuestión ha trabajado en un plan de trabajo donde se marcaron tiempos, formas u órganos que estarían participando en la realización de las consultas a los pueblos originarios y sectores representantes de personas con discapacidad.
Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva, Julieta García Zepeda, confirmó la recepción de ese documento durante la última reunión de la Conferencia, y destacó, se trata de una acción de las comisiones para darle total formalidad de atención a lo dictado por la Suprema Corte.
Brenda Fraga confió en que esta actuación sea suficiente para obtener la confianza del máximo tribunal en el Congreso de Michoacán, de lo contrario se buscará una prórroga a la sentencia.
"Nunca se ha solicitado una prórroga desde este Congreso, vamos a ver si entregando el plan de trabajo donde vienen marcados los tiempos, formas y los órganos resolvemos con la Suprema Corte o si será necesario entregar la prórroga. Entregando el plan de trabajo ya estaremos en condiciones para poder definir si es necesario o no".
El periodo de respuesta del Poder Legislativo a las declaraciones de inconstitucionalidad de un total de 84 artículos de la Ley de Educación, fenece el 28 de mayo.
rmr