Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Nos sentimos completamente solos y solas en un abandono y un desprecio de gobierno”, denunciaron representantes de Acachuén, municipio de Chilchota, al señalar el vacío institucional frente al pliego petitorio entregado a los tres niveles de gobierno, tras el ataque perpetrado el pasado 6 de mayo, que le costó la vida a dos personas. A través de un pliego petitorio, exigen, además de mejor seguridad, implementar una estrategia de atención social integral que atienda las necesidades más urgentes de la población afectada y de las víctimas indirectas.
La Secretaría de Gobierno es el principal blanco de las críticas ante su negativa de instalar una mesa de negociación en la localidad. Bajo condición de anonimato por temor a represalias, los residentes denuncian que el vacío institucional los ha dejado vulnerables. “No es justo vivir atemorizados” señalan, tras lamentar que la falta de un presupuesto directo y de una ronda comunitaria propia les impide garantizar su propia seguridad.
Otro punto central de su reclamo es la actuación de la policía municipal de Chilchota durante el ataque armado. Acusaron que los elementos, en lugar de protegerlos, abrieron fuego contra los comuneros. Esta acción es calificada por la comunidad como una violación directa a sus derechos humanos y el motivo principal de la pérdida total de confianza en las instituciones de seguridad locales, lo que justifica, desde su perspectiva, el mantenimiento de los bloqueos.
La entrevistada también criticó la falta de garantías para el libre tránsito de los habitantes hacia la capital del estado ya que considera que la comunidad se encuentra en "grave peligro" y que no les es posible salir hacia la ciudad de Morelia debido a las amenazas registradas contra su seguridad. Por esta razón, exigen que las autoridades correspondientes se presenten físicamente en la localidad, rechazando la posibilidad de trasladar la mesa de diálogo fuera de su territorio mientras persista el riesgo.
En cuanto a la dimensión social, la representante destacó que las mujeres, las niñeces y las juventudes están sufriendo afectaciones directas por el estado de asedio. El pliego petitorio busca precisamente que las dependencias de desarrollo social y salud intervengan para atender las secuelas del incidente. La crítica es contundente hacia la negligencia institucional: “Al Estado le hacemos responsables de la vida de las niñas, niños, abuelos, mujeres y hombres que habitamos en esta comunidad”.
Otro reclamo fundamental es el llamado a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. La comunidad solicita ayuda externa para documentar tanto el ataque armado como lo que califican como "omisión y negligencia" en la atención gubernamental. Ante el silencio de las autoridades michoacanas, buscan que observadores externos verifiquen las condiciones en las que se encuentran y la veracidad de los eventos ocurridos hace una semana.
Finalmente, la vocera subrayó que la comunidad se mantiene organizada mediante asambleas diarias para decidir nuevas acciones de presión. El mensaje para el gobierno y la sociedad es de resistencia: no retirarán el bloqueo carretero hasta que se cumpla con el pliego petitorio. Reclamó comprensión ante las molestias viales, argumentando que las pérdidas humanas son afectaciones permanentes que el Estado debe reconocer y reparar de manera inmediata.
BCT