Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el caso sigue siendo un claro ejemplo de cómo la politización, la falta de coordinación y la negligencia de los agentes de justicia han perpetuado la impunidad en México. Más allá de los vínculos con el crimen organizado, los testimonios recientes evidencian las fallas estructurales dentro del sistema de justicia y su incapacidad para actuar de manera efectiva.

Iñaki Blanco, exprocurador de Guerrero durante los hechos, destacó que la investigación sobre Ayotzinapa estuvo marcada por la politización del aparato judicial, lo que dificultó la toma de decisiones oportunas. Según Blanco, el gobierno federal no solo desestimó la información proporcionada por las autoridades locales, sino que también administró la narrativa del caso con base en intereses políticos.

“Cuando la justicia se ve obstaculizada por la política, el Estado de derecho se quiebra. Esto lo vivimos con el caso Ayotzinapa, donde la falta de respaldo federal a las acciones del estado de Guerrero limitó nuestras capacidades”, afirmó Blanco.

El exprocurador recordó que en el momento de los hechos, las autoridades estatales enfrentaron negativas por parte de instituciones clave como el Ejército y la Policía Federal, las cuales rechazaron colaborar en tareas esenciales, como resguardar a los policías municipales detenidos, señalados como brazo armado del cártel que operaba en esa zona de Guerrero.

El caso Ayotzinapa no solo expuso la colusión de autoridades locales con el crimen organizado, sino también el encubrimiento sistemático por parte de instituciones federales. Un mes antes de los hechos, el Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por representantes de la SEDENA, Marina, Procuraduría General de la República y autoridades estatales, elaboraron un documento titulado “Objetivos de atención especial”. Iñaki Blanco señaló este informe se puntualizaban los vínculos del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el grupo criminal Guerreros Unidos, así como la infiltración del crimen organizado en las policías municipales.

Sin embargo, a pesar de contar con esta información, no se tomaron acciones preventivas. “La falta de coordinación entre las instituciones y su incapacidad para actuar de manera oportuna fue determinante en el desenlace de estos hechos. La omisión es también una forma de responsabilidad”, señaló.

El manejo inicial de la investigación estuvo plagado de irregularidades. Desde el desconocimiento del número exacto de estudiantes desaparecidos hasta las deficiencias en el procesamiento de pruebas, la Procuraduría del Estado enfrentó obstáculos que fueron agravados por la falta de cooperación interinstitucional. Blanco recordó que, al llegar a Iguala la noche de los hechos, se encontró con un panorama desorganizado y una narrativa que ya apuntaba a la intervención de la policía municipal en los ataques.

A pesar de las confesiones iniciales de algunos elementos policiacos, las autoridades federales desestimaron las investigaciones del estado y comenzaron a construir su propia versión, hoy conocida como la verdad histórica, que fue ampliamente cuestionada y eventualmente desmentida.

A diez años del caso, la falta de avances contundentes refleja una problemática estructural: las instituciones encargadas de procurar justicia en México operan en un ambiente de intereses cruzados, corrupción e impunidad. Armando Alfonzo Jiménez, especialista en derechos humanos, señaló que este caso demuestra que las desapariciones forzadas no son solo resultado de la violencia del crimen organizado, sino de un sistema de justicia que ha fallado en proteger a los ciudadanos.

“La justicia no llega tarde, simplemente no llega. Cuando las instituciones se politizan, los derechos de las víctimas pasan a segundo plano. Este caso es un recordatorio de que el sistema necesita una transformación profunda”, concluyó Jiménez.

Por su parte, José Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Michoacán, destacó, que como ejemplo, hay factores y herramientas que se han implementado con el fin de poder agilizar las tareas de intervención y búsqueda, que a su vez, garanticen a las víctimas indirectas la presencia de un debido proceso, utilizando la infraestructura que se ha integrado en el estado, atendiendo las formas distintas en la que los organismos internacionales recomiendan.

Concluyó destacando que el Caso Iguala sigue siendo una herida abierta en México, no solo por la tragedia de los 43 estudiantes y sus familias, sino por lo que representa: un sistema judicial fracturado que, en lugar de ser garante de la justicia, se convierte en su principal obstáculo.

mrh