Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La autonomía y la participación ciudadana son dos elementos esenciales para la transparencia que no tendrá el nuevo modelo anticorrupción del gobierno federal, lamentó César Sereno Marín, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán.
Dijo que, pese a las críticas y descalificaciones, los órganos autónomos y el Sistema Nacional Anticorrupción permitieron destapar varios casos de la llamada “gran corrupción” durante los sexenios del PAN, PRI y Morena, pero ahora con el nuevo modelo se desconoce si la ciudadanía tendrá acceso a información que afecte la imagen del gobierno, cuando será una dependencia gubernamental la facultada para atender estas peticiones.
Se mostró sorprendido por los argumentos esgrimidos por el propio gobierno para justificar el nuevo modelo, ya que reconocen que en el periodo 2019-2023 disminuyó 11.2 por ciento los actos de corrupción, y ocho puntos porcentuales la percepción de este indicador; si hubo esos avances, entonces porqué desacreditar el actual modelo, ironizó.
"Me llama la atención que si estamos tan bien en combate a la corrupción entonces porqué cambiar las cosas y transformarlas de esa manera, es muy extraño que vayamos tan bien y entonces vamos a darle cuello a las instituciones que se encargan de prevenir, de sancionar hechos o actos de corrupción; es contradictorio el discurso, al menos así lo veo yo porque tendría que ser al contrario, los fallos que han tenido institucionalmente los diversos organismos, los diferentes entes encarados de la prevención y el combate a la corrupción para a partir de ahí, reconfigurarlos, transformarlos y entonces sí avanzar hacia lo que se busca", dijo.
Sereno Marín comentó que con la transformación de la Secretaría de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el gobierno federal pretende poner énfasis en la prevención, por medio de la implementación de una serie de acciones que ya existen actualmente o han sido propuestas por los órganos ciudadanos de los sistemas anticorrupción que pretenden desaparecer.
Uno de los anuncios que ha generado mayor preocupación, comentó, es el referente a la desaparición de los órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque el derecho de acceso a la información pública podría verse vulnerado o limitado con la nueva propuesta de que sean tribunales administrativos los encargados de dirimir las diferencias. Cuando la tendencia era facilitarle al ciudadano el ejercicio de este derecho, ahora lo obligarán a ir a un tribunal, lamentó.
"[…] El gobierno sería el mismo que te diga, es decir, sería juez y parte, sería el que te dijera, sí tengo la información pero no te la voy a dar por una causa de seguridad nacional y entonces yo no voy a poder hacer nada, más que irme, si así queda la reforma, a los tribunales de justicia administrativa, que serían lo que atiendan estos casos; pero es muy diferente porque tú vas a un tribunal donde tienes que tener conocimientos jurídicos o tienes que contratar a un abogado, entiendo que tendrán que fortalecer esa parte, de tener asesores para que cualquier ciudadano pueda tener la información (del proceso de promover un recurso de impugnación) pero al final deberá ser un juicio el que deberás desarrollar para obtener la información, a través de un tribunal o de la sentencia de un tribunal de justicia administrativa cuando ahora solo necesitas decir no estoy de acuerdo con algo y entonces el órgano garante hacía toda esa chamba", agregó.
Maestro en Derecho de la Información y Doctor en Derecho, Sereno Marín reconoció que el nuevo modelo anticorrupción propuesto por el gobierno federal no muestra, al menos en el papel, que vaya a ser más efectivo que el Sistema Nacional Anticorrupción.
Lamentó que al actual modelo anticorrupción no le hayan dado tiempo ni respaldo jurídico para haber entregado mejores resultados; pero a pesar del desdén que mostraron los gobiernos, federales y estatales, el SNA logró avanzar en varios temas, como la implementación de una Política Nacional Anticorrupción, mientras que en Michoacán se logró la creación de plataformas de denuncia y alertas.
"A siete años (el SEA de Michoacán) se encuentra en una consolidación administrativa, creo yo; con una fortaleza institucional en el tema de los perfiles que se encuentran en la >secretaría Ejecutiva, con una socialización de lo que hace el Sistema, de sus plataformas, por ejemplo, de la Plataforma Ciudadana de Denuncias y Alertas Anticorrupción que arrancaba justamente este año, con todo un proyecto de socialización, creo que quedaría trunco en caso de desaparezca […]", señaló.
Para ejemplificar el desprecio que encontraron a lo largo de los años, el SEA de Michoacán enfrentó descalificaciones verbales de los gobernadores, falta de recursos y el incumplimiento para la emisión de las convocatorias para la selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Actualmente, de cinco miembros que debería tener, solo hay dos ciudadanos y el próximo mes quedará solo uno, mientras que, de tres contralores municipales, solo hay uno en el Comité coordinador, sin mencionar que no han conformado el Comité Seleccionador.
Este desinterés, sin embargo, no es exclusivo de Michoacán, ya que actualmente, de acuerdo con la ficha mensual de seguimiento de los Sistemas Estatales Anticorrupción, al corte del 31 de octubre de 2024, “El 29% de los SEA operaron con menos de la mitad de sus integrantes”. “De los 779 integrantes que deben conformar los SEA, faltaron por nombrar 248, es decir, 32% del total”, lo que muestra que estos organismos no están operando como debieran.
rmr