Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción formal ante organismos internacionales, el empresario Ricardo Salinas Pliego presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que acusa al Estado mexicano de ejercer una persecución política en su contra, iniciada desde 2023.
La denuncia se realizó en el marco de una reunión de alto nivel en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., donde Salinas Pliego se encontró con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión. Según el comunicado emitido por Grupo Salinas, el encuentro tuvo como objetivo defender la libertad de expresión en México y denunciar una supuesta campaña coordinada de hostigamiento fiscal, judicial y administrativo.
De acuerdo con el documento oficial, se identificaron diversas formas de represalia contra el empresario y sus empresas: criminalización de la crítica mediante vocerías oficiales, auditorías excesivas por parte del aparato fiscal, captura del Poder Judicial a través de reformas que afectan su independencia, y el uso de procesos tributarios como herramienta coercitiva. Grupo Salinas señaló que más de 300 conferencias matutinas han sido utilizadas para atacar públicamente a su presidente.
Previo a la reunión, Salinas Pliego compartió en su cuenta personal un mensaje en el que criticó a quienes —según él— “se quejan y no dan resultados” en México. “México merece tener un buen gobierno, un futuro lleno de prosperidad y ofrecerle a sus ciudadanos la oportunidad de tener una buena vida”, escribió. Agregó: “No hay que escuchar a piojosos resentidos que nos piden conformarnos con poco”, lo cual generó diversas reacciones en redes sociales.
El comunicado de Grupo Salinas concluye que este caso “trasciende lo personal”, y lo plantea como un llamado a defender el Estado de Derecho ante una supuesta toma de instituciones por parte del gobierno y, según advierte, también de estructuras criminales. La intención, aseguran, es visibilizar un patrón de hostigamiento que limita el pluralismo democrático y la libertad de expresión en el país.
Finalmente, se solicitó a la CIDH que se declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y se ordenen garantías de no repetición, a fin de restablecer la independencia judicial y proteger el derecho de propiedad. Hasta el cierre de esta edición, autoridades federales no han emitido una postura oficial respecto a la denuncia.
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