Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) descartaron un posible incremento en el precio de la tortilla en el país, al asegurar que no existen condiciones económicas que justifiquen un alza.
A través de un comunicado conjunto, las dependencias federales informaron que actualmente no se ha registrado un aumento en el costo del maíz en grano ni de la harina, principales insumos para la elaboración de este alimento básico en la dieta mexicana.
En este sentido, hicieron un llamado enérgico a los productores y distribuidores para evitar incrementos injustificados que afecten el bolsillo de las familias, al subrayar la importancia de la tortilla como producto esencial.
Las autoridades recordaron que diversas asociaciones de la industria de la masa y la tortilla, así como empresas harineras, forman parte del Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, mediante el cual se han comprometido a mantener la estabilidad en los precios e incluso avanzar hacia una reducción gradual conforme lo permitan las condiciones del mercado.
Asimismo, la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ratificaron su compromiso de garantizar una producción eficiente y una distribución adecuada, lo que contribuye a evitar incrementos en el costo final del producto.
Como parte de las acciones de vigilancia, la Profeco mantiene un monitoreo constante en 603 tortillerías a nivel nacional mediante el programa “Quién es Quién en los Precios”, además de revisar el cumplimiento de los acuerdos establecidos por las cámaras del sector.
El gobierno federal destacó que estas medidas forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la cadena productiva del maíz, impulsar la comercialización directa para beneficiar a productores y asegurar el abasto del grano en el país.
Finalmente, reiteraron que el objetivo principal es proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas y avanzar en la soberanía alimentaria, evitando prácticas que perjudiquen a la población.
RPO