Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La acusación presentada en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico no solo involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sino también a otros nueve funcionarios y exservidores públicos ligados a áreas de seguridad y gobierno.
De acuerdo con el documento oficial dado a conocer por autoridades del Distrito Sur de Nueva York, los implicados habrían participado en una red de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, presuntamente en colaboración con el Cártel de Sinaloa .
Además de Rubén Rocha Moya, actual gobernador, la lista incluye a:
Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
Dámaso Castro Záyvedra, subfiscal general de la Fiscalía estatal
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación
Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”), exjefe policial
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”), exsubdirector policial
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
Juan Valenzuela Millán (“Juanito”), excomandante policial
Todos ellos señalados como funcionarios actuales o anteriores del gobierno y fuerzas de seguridad en Sinaloa.
Según la acusación, los funcionarios habrían:
Participado en conspiración para importar drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos
Facilitado operaciones del crimen organizado mediante protección institucional
Filtrado información confidencial a grupos criminales
Recibido sobornos millonarios a cambio de apoyo
Además, algunos son señalados por uso o posesión de armas y presunta participación en actos de violencia vinculados al cártel .
La investigación sostiene que los implicados habrían colaborado con la facción conocida como “Los Chapitos”, facilitando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y permitiendo su operación en territorio mexicano.
El documento también señala que el grupo criminal se apoyó en funcionarios públicos para operar con mayor libertad, lo que habría permitido el flujo constante de narcóticos.