Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La batalla legal de Genaro García Luna no ha terminado. Desde una prisión en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón ha decidido contraatacar al sistema judicial que lo condenó a más de 38 años de cárcel, al presentar una apelación que busca anular o reabrir el juicio que lo declaró culpable de vínculos con el narcotráfico.
La defensa del exfuncionario mexicano entregó el recurso ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, el documento central de la apelación, acompañado de un volumen inédito de anexos, detalla lo que la defensa considera irregularidades sistemáticas durante el proceso judicial que culminó con la condena del exfuncionario, tras un veredicto unánime del jurado federal.
De acuerdo con los abogados, la fiscalía estadounidense incurrió en prácticas que vulneraron el derecho a un juicio justo, al permitir —y en algunos casos promover— declaraciones de testigos cooperantes que, aseguran, mintieron bajo juramento a cambio de beneficios procesales.
Uno de los puntos más sensibles del recurso es el presunto ocultamiento de evidencia exculpatoria. La defensa afirma que documentos y elementos clave que podrían haber favorecido a García Luna no fueron entregados de manera oportuna, lo que habría impedido una defensa adecuada.
También cuestionan las restricciones impuestas por la corte al contrainterrogatorio de testigos clave, lo que, según el escrito, bloqueó la posibilidad de exhibir contradicciones, intereses personales o acuerdos con la fiscalía.
Con base en estos argumentos, los abogados solicitan a la Corte de Apelaciones que anule la sentencia o, en su defecto, ordene la reposición del juicio, al considerar que estuvo “viciado desde su origen”.
García Luna fue declarado culpable de cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, al determinarse que colaboró con el Cártel de Sinaloa mientras ocupaba uno de los cargos más sensibles del Estado mexicano. En octubre de 2024, recibió una sentencia superior a 38 años de prisión en Estados Unidos.
Ahora, el desenlace dependerá del análisis de los magistrados del Segundo Circuito y de la respuesta de la fiscalía, en un proceso que podría marcar un precedente en casos de alto perfil político y criminal.
RPO