Por: Salvador Gaytán
Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó hoy la sentencia adoptada el pasado 28 de noviembre en la cual declara la responsabilidad del Estado mexicano por graves violaciones a derechos humanos de parte de policías durante el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.
La CIDH recordó que los días 3 y 4 de mayo de 2006, las policías municipales de San Salvador Atenco y la Federal Preventiva adelantaron operativos en los municipios de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir manifestaciones que se llevaban a cabo en dichos lugares.
Durante el operativo fueron detenidas 11 mujeres que, mientras las trasladaban e ingresaban al Centro de Readaptación Social Santiaguito, fueron sometidas a diferentes formas de violencia, incluso la sexual.
En su resolución, la Corte ordena a México, entre otras cosas, continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 víctimas.
Asimismo, pidió "brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas, realizar en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la sentencia, las publicaciones ordenadas", así como la solicitud para realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas.
Ordenó a México crear un plan de detección y captura de elementos de la Policía Federal y del Estado de México, y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la referida institución de seguridad y la policía estatal.
El Centro en Pro de Derechos Humano (Prodh) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) destacaron que "con esta resolución, se confirma desde la más alta instancia judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo que las mujeres sobrevivientes han denunciado durante 12 años y se reivindica su lucha contra la impunidad".
Concluyó que el uso de la fuerza por parte del Estado en el caso de Atenco es resultado de "una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo, y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza contra todos".
Con información de El Universal
ZM