El periodista Rubén Martín, en su columna de opinión en Sin Embargo, asegura que los decretos firmados por Peña Nieto "abren la puerta para que 55 por ciento del agua se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país".
La firma de los decretos se publicó al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación.
Los decretos se enfocan en diferentes regiones hidrológicas nacionales: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Pánuco, Costa Grande de Guerrero, Ameca, Lerma-Santiago, Actopan-Antigua, Costa de Jalisco y dos decretos diferentes para San Fernando-Soto la Marina (A y B).
Cada uno de los decretos elimina la veda que existían en esas zonas. Algunas de las cuales llevaban desde los años 30.
300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen, ya no tendrán estatus de veda y se convertirán en zonas de reserva.
Peña Nieto anunció que estas zonas hidrológicas se guardarían para garantizar el acceso al agua y la conservación ecológica.
La desaparición de zonas en veda da paso a convertirse en lugares que son de "uso público urbano" y da facultad de otorgar permisos y concesiones a la Conagua y a los gobernadores.
De acuerdo con el análisis de la organización civil Agua para tod@s, los decretos abren la oportunidad a las grandes transnacionales para obtener las concesiones necesarias con la ayuda de un marco legal establecido. Asimismo, criticaron que se publicara como una medida para ayudar al medio ambiente y guardar grandes cantidades de agua para la creación de presas. Además, afirman que no se menciona como un derecho humano.
También, el análisis de esa ONG recuerda que tras la firma de EPN, se ponen en riesgo las concesiones de comunidades indígenas y núcleos agrarios.
Con información de Sopitas