¿Quién puede ir a una marcha de protesta en contra de las políticas públicas, omisiones y descontentos con un gobierno?

La respuesta es sencilla: cualquier persona, de cualquier edad, género, religión, profesión, oficio e incluso de cualquier partido político. Ya sea juntos, revueltos o como les plazca. Esto por el solo hecho de vivir en un país que cuenta con libertad de expresión, ¿no?

Sin embargo, la narrativa gubernamental y de su partido político sostiene que sólo sus marchas son legítimas. Las que organizan otros son, según ellos, pagadas, violentas, y cuando estas se concretan, se burlan de su número de participantes.

Esa narrativa se estrella contra sus propios mitines llenos de acarreados, entrega de despensas, dinero en efectivo y personas que son amenazadas con quitarles los programas asistenciales si no van. Ya ni hablemos de sus trabajadores, en cualquier nivel de gobierno, que asisten a todas con tal de quedar bien y no perder su trabajo.

Hoy, para que una protesta sea respetada por su gobierno, debe hacerse con un chaleco guinda. En caso contrario, será señalado, investigado y objeto de burlas, ya que no tiene derecho a protestar en este México feliz y próspero que sólo ve la clase política en el poder.

Sin embargo, no les haga caso, y menos si se trata de un vividor de la política. Usted puede manifestarse libremente, como también tiene derecho a cambiar de opinión sin ser juzgado. Nadie le puede decir dónde estar, dónde marchar e incluso por quién votar.

Vivimos en un México donde la protesta no puede ser un sistema de gobierno, de una sola estructura y de recompensa partidista, que sirva para garantizar un beneficio social y laboral sólo a quienes piensen y actúen igual a los que nos gobiernan.

Entonces estimado lector ¿el problema real en México son las marchas, o la incapacidad de sus gobernantes en el ejercicio del poder?

Usted ya tiene el veredicto.

santillan.ricardo@hotmail.com

RPO