La diferencia entre un gobierno y otro, lejos de las grandes obras o los programas implementados; reside en la mayoría de las veces en la manera en la que sus funcionarios y servidores entienden y actúan frente al poder.

Los gobiernos estatales y municipales en México se han caracterizado por un ejercicio abusivo del poder, marcados por la opacidad y la corrupción; expresiones que entre otras trastocan no sólo la vida democrática de sus estados. Al grado de poner en entredicho la legitimidad obtenida en las urnas y generando entre la ciudadanía un ambiente de desconfianza y desinterés.

Impunidad y la falta de responsabilidad política de buena parte de quienes nos representan y gobiernan, parecieran ser la constante de la vida política y social de nuestro tiempo. De quienes nacimos con el discurso de la liberalización del sistema político de finales ochenta y de aquellos que una década después veían la luz por primera vez, entre las sombras y descalabros de la alternancia política.

La ausencia de responsabilidad política, tiene infinidad de rostros y colores. Los ejemplos de quienes con sus acciones y decisiones en el ejercicio del poder público, crean o modifican procedimientos, reglas y leyes a modo de manera arbitraria, están a la vista. La trilogía de gobernadores salientes en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, son por mucho la muestra  atónita y grotesca del abuso del poder institucionalizado.

Al conjuntar de manera distinta, intentonas por blindar sus gobiernos y curarse en salud, lo mismo nombrando magistrados a modo, adquiriendo deuda pública de última hora, o buscando nombrar vía el control del Congreso local al fiscal anticorrupción.

El grado de tolerancia con la que percibimos los abusos del poder, están por agotar la esperanza democrática de buena parte de los jóvenes en el país, cuyas vidas han crecido y discurrido bajo un "modelo democrático" pero cuyos ojos no han dejado de mirar ejemplos de impunidad.

Los mismos que habíamos sido nombrados como el gran bono demográfico, bien podríamos pasar a la historia como el bono de la decepción democrática.

Lo ocurrido en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, más allá de la manera en que fueron frenados, vía los instrumentos de control del constitucionalidad en manos del Ejecutivo federal. Son una llamada de alerta que nos obliga a todos a repensar en los controles y mecanismos necesarios, frente a las amenazas siempre latentes del poder arbitrario, que corrompe y carcome lo más preciado de un país; su capital social.

Son tiempos de decepción democrática, pero aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo.

*Las opiniones aquí vertidas son de carácter personal y corresponden única y exclusivamente al autor del artículo.