México ha experimentado un brutal retroceso en materia de diagnóstico, evaluación y mejora continua de los aprendizajes mínimos esperados durante los últimos siete años del régimen vigente.

Hoy es, por lo menos, ingenuo aspirar a que el gobierno mexicano motu proprio genere modelos, instrumentos, diagnostique, haga mejora continua de políticas públicas e informe individualmente a cada estudiante su nivel de logro de aprendizaje y las rutas plausibles de progreso para tales efectos.

Ya es muy clara la actitud ante el aprendizaje, ante la cientificidad y la evidencia que ha asumido el gobierno en este septenio, la cual es, por decir lo menos, negacionista y ocultadora, como lo demuestra contundentemente la concatenación de actos de autoridad como desaparecer, evadir y diluir sistemáticamente las políticas públicas, instituciones, consejos, organismos autónomos y esfuerzos particulares por conocer el estado que guarda la educación, por su principal indicador a diagnosticar entre la población escolarizada: sus aprendizajes logrados en los diferentes campos normativos.

En nuestro México se evidencia también la profunda inequidad que existe entre estados de la república, en donde la visión, liderazgo y concepción de la evaluación son sumamente disímbolas.

Existen muchos indicadores que exhiben la brutal desigualdad territorial que existe en nuestra nación. Basta señalar que la diferencia de esperanza de vida al nacer entre entidades federativas varía hasta cinco años. Esto equivale a perder la vida un lustro antes, tan solo por el pecado original asociado al código postal.

En materia de aprendizajes se exhibe este mismo fenómeno: apenas cuatro de treinta y dos entidades federativas se preocupan por conocer cuál es el nivel de aprendizajes que posee cada estudiante, para de esta manera transparentar el estado que se guarda al respecto y establecer una ruta de mejora en los campos formativos evaluados, basados en el diagnóstico realizado. Todos, gobernados por la oposición política. No olvidemos que las atribuciones de dirigir a los sistemas educativos estatales recaen precisamente en los gobiernos de las entidades federativas.

Peor aún, a nivel nacional, es un despropósito que se evada el realizar evaluaciones diagnósticas censales del aprendizaje, intentando confundir a la opinión pública al decir que es lo mismo que se hace al asentar calificaciones de los campos formativos que se colocan en las boletas evaluativas, lo cual se aprovecha en ciertas entidades para colocar metas y objetivos ajenos a la agenda educativa, que debe estar relacionada con el acceso, inclusión, cobertura, aprendizajes y alcanzar trayectorias completas, llegándose al extremo de erradicar al aprendizaje de las metas de los planes estatales de desarrollo, como es el caso de Michoacán, en donde se incluyó como meta educativa el pago de las quincenas de los maestros.

Ese mismo estado, que se caracterizó por evadir rampantemente hasta las evaluaciones diagnósticas que realizó MEJOREDU en los tres ciclos escolares anteriores, emitió recientemente campañas desinformativas, intentando confundir a la opinión pública respecto a los aspectos evaluados y las calificaciones que se asientan en las boletas, intentando aseverar que son lo mismo que realizar evaluaciones colectivas para conocer, diagnosticar, comparar y proponer rutas de mejora ante el estado que guarda el sistema educativo estatal en materia de aprendizajes.

Es un hecho: urge un cambio de enfoque gubernamental para volver a jerarquizar al aprendizaje como el principal indicador de efectividad de nuestro sistema educativo nacional, porque atestigua el antes y el después que se desarrolla en cada estudiante al adquirir competencias, saberes, conocimientos y destrezas que le permiten afrontar los retos laborales, sociales, familiares y cívicos en la vida.

Antes que cualquier intención electoral particular está la obligación juramentada de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo tercero obliga a defender, hacer valer y expandir los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes a estar, aprender y participar en las escuelas de la entidad federativa. Y nosotros, los ciudadanos, debemos recordárselos a los gobernantes cotidianamente.

Específicamente, enfoquemos la mirada a que cada estudiante debe conocer cuál es su nivel de aprendizaje en cada uno de los campos formativos, mucho más que simplemente conocer una calificación, así como contar con una ruta de mejora individualizada para que pueda reforzar los aprendizajes mínimos esperados, ya desde el aula o incluso previamente —digamos, durante estas vacaciones—, de la mano de sus padres o tutores, aprovechando los recursos a su alcance para llegar al 1° de septiembre en las mejores condiciones posibles a continuar formalmente su trayectoria dentro del sistema educativo michoacano.

Los indicadores educativos señalan el rezago imperante en la materia, que es del dominio público; los de aprendizaje ni siquiera existen. Por ello, es de capital importancia tomar en serio y construir institucionalidad, métricas, instrumentos y mecanismos trazables para evaluar y transparentar el aprendizaje que se logra en las escuelas michoacanas.

No hacerlo solamente prolongará la opacidad y el caos, en detrimento de las oportunidades de desarrollo para los estudiantes de la entidad, poniendo en vilo la sostenibilidad de nuestro estado y su futuro.

¡Merecemos un gobierno educador!

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Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C

rmr