El contenido de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo es retrógrado y de verdadero escándalo; por lo que se han generado muchas reacciones llamando a la cordura por parte de propios y extraños.

El juicio de amparo ha sido durante más de un siglo la joya de la corona de nuestro poder legislativo; la herramienta clave que permite a cualquier mexicano defenderse de los abusos del poder.

Sin embargo, la reforma que MORENA impulsa representa, como acertadamente lo ha señalado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, "un retroceso histórico" y "un golpe directo a los derechos y libertades de los mexicanos frente a los abusos del poder". Y tiene razón: limitarlo es una medida propia de dictaduras que buscan silenciar la crítica y concentrar el poder.

Esta reforma se está tramitando, como ya es costumbre del oficialismo, al vapor, sin debate genuino, pretendiendo engañar con un par de audiencias públicas mientras ignoran las voces de especialistas, organizaciones civiles, barras de abogados y constitucionalistas. La mayoría legislativa actúa como rodillo, no como espacio de deliberación democrática. Eso por sí mismo es un problema de calidad institucional grave.

Existen riesgos inadmisibles al respecto, como el cierre de puertas a los vulnerables. La redefinición restrictiva del "interés legítimo" es devastadora. Al exigir un "daño directo, concreto y personal", comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas y colectivos de víctimas quedarán sin posibilidad de defensa colectiva. Como advierte Alejandro Moreno: "sin amparos colectivos, comunidades enteras podrían quedar indefensas ante obras del gobierno que invadan sus tierras o destruyan su medio ambiente". Una comunidad maya no podrá impugnar megaproyectos en su territorio a menos que demuestre afectación individual específica. Es cerrar el amparo a quienes más lo necesitan.

También, se avizora con el fin de las suspensiones generales, el triunfo del abuso. Cuando un juez federal determina hoy que una ley es probablemente inconstitucional, puede suspender su aplicación mientras se resuelve el fondo. Mañana, esa suspensión solo beneficiará a quien promovió el amparo. Una ley violatoria de derechos humanos seguirá aplicándose a millones mientras los tribunales resuelven. Solo quienes tengan recursos para litigar podrán protegerse. Es la privatización de la justicia constitucional.

Absurdamente, esto devendrá en la multiplicación viral y repetitiva de litigios. Si cada persona afectada debe promover su propio amparo, tendremos miles de juicios idénticos. El Poder Judicial colapsará, la justicia llegará tarde o nunca, y muchos desistirán por cansancio o imposibilidad económica. Es sobrecarga judicial programada.

La retroactividad inconstitucional está en jaque. El artículo transitorio que aplica la nueva ley a juicios en trámite viola flagrantemente el artículo 14 constitucional que prohíbe la aplicación retroactiva en perjuicio. Personas que iniciaron amparos bajo ciertas reglas verían modificadas las condiciones a mitad del partido. Es literal y técnicamente inconstitucional.

Perversamente, bajo esta reforma se esconde una gran trampa: el permiso para desobedecer sentencias. Permitir que autoridades aleguen "imposibilidad jurídica o material" para incumplir sentencias de amparo es cínico. Un juez ordena cesar una violación de derechos y la autoridad simplemente responde "no puedo cumplir" sin consecuencias. Como señala Alejandro Moreno: "si una autoridad actúa de manera injusta y abusiva en tu contra, vas a quedar completamente expuesto y vulnerable, pues el gobierno tendrá la ventaja en los juicios".

Bajo la reforma, también subyace un inminente golpe al medio ambiente. México enfrenta crisis ambiental severa. El amparo había sido freno parcial contra proyectos devastadores. Con la reforma, esos proyectos podrán ejecutarse completamente antes de sentencia definitiva. Cuando el juez determine ilegalidad, los árboles estarán talados, el manglar destruido y las especies extintas.

Por si fuera poco, existen gravísimos riesgos económicos y de inversión. El riesgo es claro: si el gobierno puede tomar decisiones sin que un juez pueda frenarlas, las empresas no sabrán si sus inversiones están seguras. Y evitarán radicar recursos. Y si no hay inversión, no hay empleos ni crecimiento. Créditos fiscales inconstitucionales podrán ejecutarse, embargarse cuentas y llevar a la quiebra a empresas enteras mientras se espera sentencia que tarde años.

La caída de la ley de amparo, per se, generará un profundo desbalance de poderes. El Poder Judicial ha funcionado como contrapeso necesario ante excesos del Ejecutivo y Legislativo. Eliminar esos contrapesos no fortalece la democracia, la debilita. Nos acerca al modelo de democracia delegativa donde el ganador concentra poder sin límites efectivos. Lo que antes era herramienta para defender al pueblo del poder, ahora será para que el régimen en el poder se parapete frente al pueblo.

Esta reforma también aúna un retroceso frente a estándares internacionales.  La alerta que ha emitido el PRI ha cundido entre organismos internacionales y de derechos humanos sobre el incumplimiento de obligaciones en tratados internacionales. México es parte de convenios que la Corte Interamericana ha interpretado sobre acceso a la justicia, protección judicial efectiva, derechos colectivos. Esta reforma nos coloca en violación de esas obligaciones. Regresamos décadas en protección de derechos.

Finalmente, la imagen nacional se menoscaba. De por sí, la reputación internacional de México ante el mundo está en su mínimo histórico, francamente por los suelos, y ninguna nación confiará en un gobierno que pisotea los derechos humanos. Inversionistas, organismos internacionales y aliados democráticos observan con preocupación. Se refuerza la narrativa de gobierno que avanza hacia autoritarismo competitivo.

Esta reforma no surge aislada. Llega después de la controvertida reforma judicial, después de intentos por limitar autonomía de órganos reguladores, en medio de narrativa que presenta a jueces como "obstáculos". El patrón es claro: concentrar el poder eliminando frenos institucionales que caracterizan democracias constitucionales.

Desde la oposición responsable y la sociedad civil, nuestra respuesta debe ser contundente:

En lo jurídico, debemos de promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Documentar casos concretos de personas afectadas. Preparar litigios estratégicos que, dentro de las nuevas limitaciones, sigan peleando cada caso.

En lo legislativo, el PRI va a dar esta batalla en el Congreso, señalando y denunciando el inmenso atropello que está cometiendo Morena. Debemos hacer visible la oposición, proponer iniciativas alternativas, exigir reversión de aspectos más lesivos y sumarse todos los partidos y legisladores con conciencia en contra de esta destrucción institucional.

En lo político, se debe de convertir la autonomía y división de poderes en tema de campaña permanente. Se debe informar a la ciudadanía, con ejemplos concretos cómo les afecta, traduciendo el lenguaje jurídico a consecuencias a la vida diaria.

En lo social, el llamado es a cerrar filas con la ciudadanía, la sociedad civil, cámaras empresariales, universidades y actores democráticos para defender el derecho de cada mexicano a exigir justicia. Articular con organizaciones civiles, barras de abogados, academia, colectivos afectados.

En lo internacional, es necesario seguir alertando a organismos de derechos humanos, así como buscar pronunciamientos de relatores especiales, comisiones y cortes internacionales.

La historia enseña que los autoritarismos no llegan de golpe sino paso a paso, desmantelando cada contrapeso con justificaciones abusivas que suenan razonables. El amparo mexicano ha resistido dictaduras, revoluciones y crisis de toda índole. Es inaceptable dejarlo caer.

Como afirma nuestro presidente del CEN del PRI: "aquí estamos para defender a México". Y esa debe ser la postura de toda la oposición democrática y la sociedad civil. El juicio de amparo es nuestro. Es herencia jurídica que debemos defender y transmitir, por necesidad de supervivencia democrática. Porque sin contrapesos reales, sin instituciones que contengan al poder, sin derechos que puedan hacerse efectivos ante jueces, no hay democracia que valga. Hay solo elecciones que legitiman concentración de poder.

Este es nuestro llamado, nuestra línea en la arena. Defenderemos el amparo, defenderemos el Estado de Derecho, defenderemos la Constitución. Porque en ello nos va el futuro de México como nación democrática; y el PRI está al servicio de México.

¡ A México le urge una revolución institucional!

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El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán

BCT