En las entregas pasadas analizamos el estado que guardan los avances en materia educativa en Michoacán, los cuales no pueden tener satisfecho a nadie, pero que llaman a redoblar labores desde las instituciones para garantizar los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes en la entidad, desde la revisión de los objetivos, estrategias y líneas de acción.

Sin embargo, esta ventana de análisis y reorganización tiene fecha de caducidad, la cual es establecida por la normatividad en materia presupuestal, ya que está a punto de vencer el plazo para la elaboración, envío, discusión y eventual aprobación, de los presupuestos para el ejercicio fiscal 2025 en los órdenes federal, estatal y municipal.

Particularmente, es momento de tomar decisiones de inversión para el desarrollo de la entidad federativa. Los diputados federales y senadores representantes de los ciudadanos michoacanos deben de hacer lo propio para defender los derechos de los michoacanos y asegurarse de que estén debidamente garantizados con asignaciones presupuestales dignas y suficientes para asegurar que lo básico esté debidamente cubierto y haya condiciones para el desarrollo integral de los habitantes de nuestra entidad federativa.

Se ha declarado por parte de la autoridad educativa estatal que el presupuesto de egresos para el ejercicio 2025 rondará los 29 mil millones de pesos y que alrededor del ochenta por ciento de ese monto será dedicado al pago de nómina, lo cual constituiría un hecho histórico, toda vez que, en presupuestos pretéritos, hasta noventa y ocho de cada cien pesos se dedicaron a liquidar salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación. Veremos cuál es el resultado final de este proceso de presupuestación.

El poder ejecutivo estatal enviará alrededor del 21 de este mes el paquete financiero para el próximo año al Congreso del Estado, en donde se discutirá y, en su caso, se aprobará. En ese mismo escenario se recibirán los proyectos de paquetes de egresos de los municipios michoacanos, los cuales serán sometidos prácticamente al mismo proceso y tratamiento que el presupuesto estatal.

Hay al menos veintidós acciones enunciadas en el documento denominado “Cien Pasos por la Transformación”, emitido por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, las cuales se relacionan directa o indirectamente con el ámbito educativo. Veremos primeramente si reciben asignaciones presupuestales prioritarias por parte del poder legislativo federal, así como posteriormente verificaremos si en estos montos se brinda tratamiento prioritario a nuestra entidad federativa, por ser una de las más rezagadas de la nación en materia educativa, así como por contar con un gobierno política y partidistamente afín al régimen federal.

Bajo todas estas consideraciones y en atención a que está sumamente próximo a culminar el proceso de conformación del proyecto de presupuesto de egresos de los tres órdenes de gobierno que a continuación describimos ocho grandes rubros a considerarse rumbo a la elaboración de un entramado presupuestal para el ejercicio 2025 que sea garantista, disruptivo y permita una mejora integral tangible del sistema educativo estatal, en beneficio de las niñas, niños y jóvenes en nuestra entidad federativa.

Primero. Invertir para que todos estén en las escuelas.  Es necesario considerar que una de las grandes misiones del gobierno es lograr que el carácter público, universal, inclusivo, obligatorio, gratuito y laico de la educación se convierta en una realidad para todos los habitantes de Michoacán de Ocampo, tanto como para quienes están en edad escolar como para quienes se encuentren en situación de rezago educativo. Lograr que el universo poblacional que tiene derechos educativos por hacer valer sea el mismo que el de la población estudiantil es un ideal por alcanzar sobre el del cual se debe de trabajar día tras día en el sistema educativo estatal, para lo cual es imprescindible dotar de recursos y condiciones a los agentes educativos y las comunidades escolares, en aras de que se alcancen incrementos de matriculación acordes a la necesidad de alcanzar al menos la media nacional en todos los indicadores relacionados con la cobertura escolar.

Segundo. Presupuestar para generar condiciones propicias para el ejercicio de los derechos educativos de todos.  Es preciso lograr una mejora sustantiva en infraestructura, equipamiento, conectividad, servicios básicos y todo lo necesario para que los estudiantes, maestros y sus familias puedan acudir a las escuelas con la seguridad, dignidad y confort necesarios para el aprendizaje y la convivencia escolar.

Recordemos que, el programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) no se ha podido consolidar como una política pública que resuelva la ingente problemática en la materia, partiendo de dos hechos: su presupuestación insuficiente y sus reglas de operación, que proveen una gobernanza deficiente y un escenario propicio para la confrontación.

Se afirma que los recursos de LEEN son insuficientes, porque hay que recordar que el monto, que oscila entre 100 y 600 mil pesos por plantel por año, no va etiquetado exclusivamente para construir infraestructura física educativa, sino que se puede utilizar de diversas maneras, que no necesariamente implican la ampliación de la capacidad instalada en materia de cobertura educativa para cada plantel escolar, ni tampoco en la extensión de los servicios educativos brindados, sino que puede ser empleado el recurso en cuestiones de alimentación escolar, compra de equipamiento, consumibles o pago de compensaciones, razón por la cual este LEEN es aún una política pública en gestación, aún lejos de consolidarse.

Basta hacer cuentas para un plantel de educación primaria con dos grupos escolares con treinta estudiantes, lo que implicaría una matrícula de 360 estudiantes, quienes al tener que desayunar y comer en la escuela, los seiscientos mil pesos para 190 días de clases arrojan un cociente de 8.77 pesos por estudiante para desayunar y comer cada día de clases.

Es imposible siquiera cubrir esa necesidad tan básica con un monto tan reducido. Entonces, pensar en construir nueva infraestructura es francamente ilusorio.

Más aún, dar un monto de escasa magnitud enmarcado en expectativas tan altas constituye un juego de suma cero, razón por la cual las comunidades escolares ya se han confrontado entre sí, en el marco de los Comités Escolares de Administración Participativa, donde hay casos documentados en los cuales han llegado hasta a los golpes los padres de familia y maestros. Empero, el problema no es de ellos, sino del gobierno que pone un presupuesto muy escaso para resolver necesidades que son prácticamente imposibles de cubrir con semejante cantidad económica.

Más aún, también está documentado que el programa La Escuela Es Nuestra tiene vicios de origen que posibilitan la corrupción, como se denunció en su momento en las regiones de Maravatío y Puruándiro, en Michoacán, donde se simulaban compras y obras, mediante falsificación de firmas de padres de familia y facturas a modo.

En suma, es urgente que se replantee desde sus fundamentos el programa La Escuela Es Nuestra, máxime que está por discutirse y aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, razón por la cual no se debe demorar en el análisis y en la asignación presupuestal imbricada a reglas de operación que garanticen la transversalidad, la transparencia y la efectividad de los multimillonarios recursos que se asignan a una necesidad social impostergable, de acuerdo con los propios datos de CONEVAL e INEGI, así como del Formato 911, los cuales manifiestan la precariedad e indigencia de muchos miles de planteles escolares en México, lo cual socava profundamente los derechos a estar, aprender y participar de millones de niñas, niños y jóvenes en la nación.

Tercero.  Trazar nuevamente objetivos, metas, estrategias, acciones, indicadores y presupuestos articulados e imbricados a logros educativos. Lo cual implica una revisión integral al Plan de Desarrollo, al Programa Sectorial y a las acciones gubernamentales, para alinearlas a la misión institucional del sistema educativo estatal.

Cuarto. Fortalecer el aprendizaje, como indicador cardinal de la efectividad del sistema educativo estatal. En Michoacán no se cuenta con metas destinadas a conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes, ni se realiza evaluación censal. Lo anterior ha sumido a nuestra entidad federativa en un atávico estado de opacidad en la materia. Es inaplazable contar con medidas de política pública que permitan conocer la efectividad del sistema educativo a través de poder conocer el nivel de logro del que constituye el corazón de los derechos educativos: el derecho a aprender.

Cinco. Proteger a los estudiantes de la violencia y el acoso escolar.

 Poder participar y convivir en las escuelas en un entorno libre de violencia y acoso es indispensable tanto para acudir como para poder aprender en las escuelas.  Las comunidades educativas deben ser espacios seguros, así como el entorno para arribar a las escuelas, tanto a la hora de entrada como de salida.

Más aún, es necesario sacar a la educación de la nota roja y blindar a las comunidades michoacanas ante la violencia y la inseguridad, para que nunca más se pierdan clases por situaciones derivadas de la acción delincuencial.

Es preciso destinar recursos para que los sistemas de seguridad se articulen y conformen un escudo protector para los estudiantes, maestros y sus familias, en aras de que se ejerzan los derechos educativos sin miedo ni riesgo alguno.

Seis. Garantizar igualdad, equidad e inclusión en las escuelas. Como ejemplos, la educación inicial, la educación especial y la educación indígena necesitan mucho más apoyo, al igual que las escuelas multigrado, las telesecundarias, el telebachillerato y CONAFE, tanto para ampliar su cobertura, como para contar con condiciones propicias para el aprendizaje en todas sus comunidades educativas. Paralelamente, el programa de salud menstrual debe de expandir su cobertura hasta lograr que sea universal.

Siete. Priorizar en los presupuestos y planes municipales de desarrollo la inversión en educación. De acuerdo con la Ley Orgánica de los Municipios de Michoacán, así como la Ley Estatal de Educación, el orden municipal posee obligaciones coadyuvantes en materia educativa.,

En los 113 municipios, gobernados por 112 ayuntamientos y un Concejo Ciudadano hay manera de impulsar los derechos educativos de las niñas, niños y jóvenes, impulsando el estar, el participar, el convivir, el transporte escolar, coadyuvar con la infraestructura física educativa, el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones educativas, la conectividad a Internet, el asegurar un entorno seguro para el acceso a las instalaciones educativas, asi como contribuir con servicios de salud, mejores servicios públicos municipales, así como conferencias, talleres y pláticas para los padres de familia. Así también, se pueden promover premios, medallas, condecoraciones al mérito docente, talleres de formación continua y actualización para los trabajadores de la educación, apoyo socioemocional para las comunidades educativas, impulsar medidas que favorezcan la inclusión, la equidad y la igualdad en las escuelas del municipio.

Ocho. Mejorar la gestión de la educación estatal. Particularmente, es urgente realizar un rescate estructural de las finanzas educativas estatales, partiendo del saneamiento integral de la nómina educativa michoacana, a través de medidas como la federalización de la nómina, estableciendo criterios federales, realizar concursos de oposición abiertos para todas las plazas de trabajadores de la educación en el estado, incluyendo personal de asistencia y apoyo a la educación, que tienen casi catorce años que no se concursan en la entidad federativa. Así también, conocer día por día, grupo por grupo y escuela por escuela si hubo clases o no y por qué razón.  Las medidas de transparencia y rendición de cuentas son urgentes.

En suma, hay un amplio portafolio de oportunidades para que haya inversión en materia educativa en Michoacán de Ocampo y sus municipios. Es cuestión de voluntad política y de responsabilizarse a fondo con el porvenir de las generaciones en formación.

Como ciudadanos nos corresponde el deber cívico de mencionarles la importancia cardinal de la educación a los diputados locales y funcionarios, para que, a su vez, en pleno ejercicio de sus atribuciones realicen las acciones necesarias para que se robustezca la política educativa en nuestra entidad federativa.

mrh