M. en D. Marisol Regalado Moreno*

Para entender qué es un plan de justicia, comenzaremos diciendo que es una herramienta utilizada por el gobierno federal, estatal y municipal, específicamente para atender las necesidades de los ciudadanos y, en este caso, las necesidades básicas de los pueblos originarios.

Inicialmente, los planes de justicia comienzan con la participación activa de quienes pertenecen a una comunidad o pueblo indígena, en colaboración con autoridades de gobierno; se realizan actividades y encuestas, a través de las cuales se exponen las primeras necesidades, como lo es desde los servicios básicos, así como también apoyo a sus tradiciones y cultura, hasta llegar a proponer la autodeterminación de la misma.

En este caso, puede ser a iniciativa de los líderes de las comunidades indígenas, como los jefes de barrio, los jefes de tenencia, o incluso, a petición del sacerdote del pueblo. La petición se realiza a la Coordinación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Algo que debemos destacar de estos planes de justicia indígena es el apoyo que reciben las mujeres indígenas, con la creación de programas de apoyo para la elaboración de sus artesanías, apoyos para acceder a una educación digna y apoyo a las madres solteras o viudas.

En abril de 2025 se llevó a cabo la asamblea regional que definió los ejes del plan. Asistieron autoridades municipales y comunales de las cuatro regiones purépechas: Meseta, Cañada de los Once Pueblos, Lago de Pátzcuaro y Ciénega de Zacapu.

Es una iniciativa promovida por el Gobierno de México (a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI), en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, autoridades indígenas tradicionales, comunidades purépechas y el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).

A través de esta iniciativa, se pretende el rescate y el fortalecimiento lingüístico, las tradiciones culturales, la identidad del pueblo purépecha, el respeto a las formas tradicionales de gobierno, la toma de decisiones comunitarias y la participación de autoridades comunitarias; así como la importancia de conocer el proceso del autogobierno y lo que implica, siendo que, en su mayoría, las comunidades y pueblos indígenas piensan que únicamente es el presupuesto propio; sin embargo, también implica la elección de sus autoridades de forma tradicional.

Con el plan de justicia indígena planteado por el gobernador constitucional del estado de Michoacán, se formaliza legalmente el sistema de justicia indígena (jueces comunales, resolución de conflictos internos) con respeto al marco constitucional, así como se garantiza que las comunidades que decidan autogobierno tengan condiciones para ejercer decisiones sin coerción externa.

Este Plan de Justicia del Pueblo Purépecha tiene potencial para ser un modelo para otras regiones indígenas de México, si se consolidan los mecanismos participativos y presupuestales.

*Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

rmr