Se cumplió un año desde que un 18 de diciembre dos militares mexicanos perdieron la vida en Paredes del Ahogado, Buenavista, tras la detonación de una mina terrestre colocada por el crimen organizado.

El sargento Fernando B. y el teniente Emanuel V. murieron cumpliendo con su deber, tratando de proteger a una población que el gobierno estatal y federal han abandonado sistemáticamente.

Doce meses después, la situación sigue empantanada. El 18 de diciembre de 2025, las autoridades apenas acertaron a desactivar dos artefactos explosivos más en la misma comunidad. Las minas siguen ahí, latentes, esperando su próxima víctima.

No extraña que, ante las circunstancias, el gobierno estatal siga siendo omiso, sino que también siga simulando, intentando conformar cortinas de humo que se le suelen evaporar antes de tiempo.

Por ejemplo, en lugar de brindar resultados en materia de seguridad, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla recientemente presentó una iniciativa de reforma constitucional para prohibir el endeudamiento público de largo plazo, argumentando que en los últimos 25 años la deuda pública del estado creció un 640 por ciento.

Sin embargo, en ese circo mediático montado en Palacio de Gobierno, convenientemente omitieron señalar que, el último gobierno sexenal priista, el del Lic. Víctor Manuel Tinoco Rubí, entregó en 2002 un estado con seguridad y finanzas sanas, con solo 180 millones de pesos de deuda.

Indudablemente, la debacle financiera michoacana se gestó en las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, quienes dejaron una deuda de 6 mil 581 en 2008 y 15 mil 140 millones de pesos en 2012 respectivamente.

La doble moral radica en que, ambos quebrantadores hoy son figuras clave en el régimen de MORENA. Solamente, de 2002 a 2008 la deuda pública creció un 3,656% y de 2002 a 2012 fue un 8,411%.

Es decir, en sus comparativos omitieron el monto de la deuda correspondiente a la gestión del Lic. Tinoco Rubí, pero no así el periodo de 25 años, demostrando, por enésima ocasión, unas muy precarias competencias matemáticas los asesores del Gobernador de Michoacán, sin duda víctimas del modelo educativo precarizado con el que le desgracian el porvenir a más de un millón de estudiantes michoacanos.

Mientras ellos simulan y construyen cortinas de humo, nosotros estamos del lado de las víctimas: desde el 29 de octubre de 2024, leímos públicamente una carta que advertía sobre el terror que se avecinaba en Paredes del Ahogado. Nadie escuchó. El 18 de diciembre de 2024, dos militares pagaron con su vida la indiferencia gubernamental. No fueron los únicos: antes murieron dos soldados más en Cotija. La región quedó saturada de minas terrestres que han cobrado la vida de civiles como el maestro Ramón Paz Salinas y el joven jornalero Pablito, cuya madre tuvo que solicitar asilo político. A la fecha, en el desamparo institucional, después de un largo peregrinar, no pudo obtener visa humanitaria ni asilo político, por lo cual, vive en la clandestinidad, víctima del abandono gubernamental. Más aún, junto con Pablito, falleció otro jornalero, de nombre José Luis, quien se iba a casar el 14 de febrero y cuyos sueños de vivir a plenitud y conformar una familia se truncaron estrepitosamente.

Ni así nos quedamos cruzados de brazos: el 19 de febrero de 2025 acudimos a la embajada de Estados Unidos para exponer el caso de Mayra y su familia. El 20 de febrero enviamos comunicaciones formales solicitando protección para las víctimas del terror. El 23 de febrero nos comunicamos con ACNUR, la agencia de la ONU encargada de proteger refugiados, porque eso es lo que son nuestros paisanos: refugiados en su propia tierra. El 6 de marzo reunimos firmas para interponer un amparo colectivo y dos días después logramos que el amparo fuera admitido y que un juez ordenara acciones concretas.

Instalamos personalmente letreros de advertencia en las zonas minadas, porque si el gobierno no protege a la gente, alguien tenía que hacerlo. Hemos dado seguimiento legal constante, enfrentando incluso la oposición de la SEDENA, que impugnó la orden judicial de protección.

El gobierno estatal ha demostrado incompetencia criminal. Tardó meses en reconocer la crisis de desplazamiento forzado. Minimiza las cifras de violencia. Se niega a reconocer la magnitud del problema. Y cuando un juez ordena acciones concretas, su respuesta es impugnar.

Mientras tanto, los jornaleros deben elegir entre morir de hambre o arriesgar su vida en campos minados. El gobierno nos acusó de alarmismo. Dijeron que exagerábamos. Pero cuando en Jalisco se descubrió el campo de exterminio de Teuchitlán, cuando las cifras de desapariciones siguieron creciendo, cuando las familias siguieron huyendo, quedó claro quién decía la verdad.

El gobierno federal no ha sido mejor, ni siquiera en el marco del Plan Michoacán. La presidenta Sheinbaum habla de "estrategias de seguridad reforzadas", pero en Tierra Caliente lo único que se refuerza es el terror.

Y ante ello, hay que señalarlo: el gobierno ha sido convenientemente beneficiario de las voces acalladas: la de Bernardo Bravo, la de Hipólito Mora y la de Carlos Manzo, quienes fueron asesinados por expresarse contra el gobierno. Más aún, pareciera que, en el presente, voces como las de muchos activistas, incluyendo la de un servidor las preferirían silenciadas los potentados del régimen morenista.

Por ello, su memoria nos obliga: a no callar, a no olvidar, a no permitir que un año más transcurra sin justicia y a seguir luchando por un Michoacán donde nuestros niños puedan ir a la escuela sin miedo, donde nuestros campesinos puedan trabajar sus tierras sin arriesgar la vida, donde las familias no tengan que convertirse en refugiadas en su propia patria.

El gobierno debe actuar. Michoacán no puede esperar otro año, ni las víctimas de Paredes del Ahogado no pueden esperar más.

¡Michoacán merece una Revolución institucional y Social!

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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán

BCT