Michoacán se ha consolidado como uno de los epicentros de la violencia homicida nacional, desafiando los discursos triunfalistas del régimen morenista. Mientras Palacio Nacional proclama victorias inexistentes, la realidad michoacana desmiente categóricamente al oficialismo.

Mayo de 2025 cerró con 130 muertos en Michoacán, ubicándolo en el tercer lugar nacional de estados más mortíferos, refutando las falsas afirmaciones gubernamentales sobre la reducción del homicidio doloso.

La percepción de inseguridad empeora progresivamente. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI y sus estudios trimestrales documentan sistemáticamente el deterioro que se vive en la calidad de vida en nuestra entidad federativa. Los michoacanos no solo mueren más, sino que viven con mayor miedo, evidenciando el fracaso integral de las políticas de seguridad actuales.

Al respecto, un caso destacó por su gravedad institucional: ocho soldados mexicanos murieron al estallarles una mina terrestre el pasado 27 de mayo. No eran civiles desarmados, sino militares entrenados para defender la soberanía nacional, transportándose en un tanque blindado. Hecho emblemático de que cunde la barbarie criminal, convirtiendo el territorio michoacano en campo minado.

Este ataque constituye un agravio directo contra el Estado mexicano. Si el asesinato premeditado de soldados mediante explosivos no es terrorismo, entonces el régimen morenista no solo tiene otros datos, sino que ha redefinido conceptos para evadir responsabilidades. Las minas terrestres, proscritas por tratados internacionales suscritos por México, exhiben la escalada criminal que exige una respuesta inmediata del Estado.

La documentación personal revela: desde el año pasado, al menos 12 militares mexicanos han muerto por minas terrestres en suelo michoacano. Cada muerte representa una tragedia familiar, una grave afrenta a la soberanía nacional y un síntoma del colapso institucional del régimen actual.

La tragedia se gesta en meses de indiferencia ante advertencias sistemáticas que he realizado desde las ruedas de prensa semanales para visibilizar la situación que se vive.

El 29 de octubre de 2024, en rueda de prensa, se dio lectura de una carta de un habitante de Paredes del Ahogado, Buenavista-Tomatlán, alertando sobre minas terrestres.

El 19 de diciembre de 2024 emitimos una alerta formal dirigida a autoridades sobre zonas minadas tras las primeras muertes militares. Respuesta oficial: silencio institucional.

El 4 de febrero de 2025 realicé una visita personal a la zona minada, colocando letreros señaléticos advirtiendo peligro mortal: “zona minada”. Acción que correspondía al Estado mexicano, pero que fue asumida por un servidor ante la negligencia oficial.

El 9 de febrero murieron Pablito y otro jornalero al estallarles una mina terrestre. Fueron víctimas civiles de la violencia criminal territorial.

El 19 de febrero de 2025 acudimos ante la embajada de Estados Unidos, escalando el problema internacionalmente.

El 20 de febrero pasado solicité oficialmente una cita para exponer el caso de Mayra, la madre de Pablito, y su familia, víctimas colaterales de la violencia.

El 23 de febrero contacté con la ACNUR (ONU) para proteger a las personas en calidad de refugiados, dependencia que reconoció que los michoacanos requieren protección internacional ante la incapacidad estatal mexicana.

El 6 de marzo, en seguimiento, se realizó una reunión de recopilación de firmas en Santa Ana Amatlán para tramitar un amparo, recurriendo al poder judicial ante la omisión y desdén de la autoridad del poder Ejecutivo, estatal y federal.

El 8 de marzo recibimos la notificación de admisión del amparo, obligando legalmente al gobierno a actuar.

Paradójicamente, el gobernador michoacano respondió no necesitar órdenes judiciales para cumplir responsabilidades constitucionales. Sin embargo, los meses siguientes demostraron que, sin presión judicial, la autoridad estatal permanece inactiva.

El contraste entre discurso y realidad caracteriza al régimen actual. Mientras se proclaman políticas de “abrazos, no balazos”, los michoacanos enfrentan una guerra de baja intensidad donde el crimen organizado utiliza armamento prohibido internacionalmente. Sí, se habla de transformación, pero porque en los hechos Michoacán se transforma en territorio minado donde soldados y civiles mueren igualmente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, primeros respondientes de seguridad nacional y estatal, han optado por absorber el costo político y penal de hechos atroces antes que emprender acciones resolutivas. Su inacción, desdén y omisión constituyen manifestaciones del régimen, que en la práctica prefiere realizar simulación antes que emprender acciones por una solución estructural.

Las muertes por minas terrestres trascienden las fronteras nacionales, constituyendo un asunto de interés público global. México, como Estado signatario de tratados internacionales que prohíben estos artefactos, enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en territorio propio.

De seguir así la situación, la presión nacional se conjuntará con el repudio internacional. La comunidad internacional observa cómo un Estado-nación permite que organizaciones criminales utilicen armamento proscrito contra fuerzas armadas regulares sin que existan consecuencias efectivas, sosteniendo el manto de la impunidad y del oscurantismo ante tan grave fenómeno, apostando al olvido social.

Los soldados caídos no representan bajas militares rutinarias, sino símbolos del fracaso estructural de un régimen que antepone la narrativa política a reconocer y combatir la realidad homicida. Cada cruz en los panteones michoacanos por esta causa testimonia la terrible bancarrota moral gubernamental, que prefiere sostener un discurso vacío y absurdo que emprender acciones efectivas.

De seguir así, estos muertos serán el legado histórico del régimen Sheinbaum-Ramírez Bedolla: un número creciente de soldados mexicanos asesinados por explosivos prohibidos internacionalmente, mientras las autoridades responsables practican la omisión sistemática como política de Estado.

No habrá perdón ni amnesia para quienes convirtieron territorio nacional en campo minado. La historia juzgará severamente al régimen que permitió florecer el terrorismo bajo su negligencia, convirtiendo a Michoacán en cementerio de soldados y síntoma inequívoco de Estado fallido.

La exigencia perseverará hasta que la justicia prevalezca y la soberanía nacional se restablezca en cada centímetro del territorio michoacano.

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El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local y presidente del PRI en Michoacán.

rmr