El Juicio de Amparo no debe usarse como una mordaza que impida a las autoridades comunicar sobre actos de corrupción, pues al hacerlo se atenta contra el derecho del pueblo a estar informado. Para evitarlo, decidí presentar una iniciativa ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados.

El proyecto busca reformar el Artículo 129 de la Ley de Amparo con el fin de garantizar el derecho a la información, así como evitar que se censure la comunicación pública, como ya se ha intentado a través de amparos contra las conferencias de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En una democracia no debe haber obstáculos a la comunicación, o el silenciamiento de ideas e información, sobre todo cuando se trata del combate a la corrupción.

Quiero precisar que la iniciativa no elimina el derecho de rectificación, sino que busca generar un equilibrio. No niega la posibilidad de acudir al juicio de amparo ni de tener un medio de defensa, pues quien se sienta afectado puede acudir al juicio, pero sin la posibilidad de que la suspensión sea una mordaza y se impida la libre circulación de las ideas.

Si la comunicación gubernamental estriba en aspectos relevantes como políticas públicas, rendición de cuentas, promoción y garantía de los derechos humanos, no existe razón para restringir su difusión.

rmr