Las acciones ambientales que promueve y aplica la autoridad gubernamental en el estado de Michoacán tienen un claro propósito con el que estamos de acuerdo: disminuir el deterioro ambiental que las actividades antropogénicas han propiciado. Es posible argumentar que llegan tarde, pero son urgentes y necesarias para garantizar un medio ambiente limpio y saludable para las presentes y futuras generaciones.
La preocupación medioambiental lleva décadas en la agenda internacional y se ha ido incorporando paulatinamente en cada país; México no es la excepción y en el caso de Michoacán también se han realizado esfuerzos por diseñar y aplicar políticas públicas desde el poder legislativo, con la promulgación de leyes ambientales, aunado a los programas diseñados por el poder ejecutivo para hacer frente a la problemática que afecta a nuestro planeta.
Es lamentable observar las consecuencias que han causado actividades como el cambio de uso de suelo, la deforestación del bosque, asentamientos humanos irregulares, la tala clandestina y, en los últimos años, la proliferación de actividades agroindustriales alejadas de una concepción sustentable, específicamente como es el caso de la producción de aguacate; estas consecuencias ahora han provocado la sequía de ríos y lagos, la erosión de suelos, el desplazamiento de comunidades enteras por la infertilidad de sus tierras, los cambios del clima, altas temperaturas o desastrosas tormentas, entre otras.
Hace unos días, el gobierno del estado que encabeza el Maestro Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer un sistema de vigilancia satelital denominado “Guardián Forestal” que permitirá el monitoreo de daños ambientales en todo el territorio de la entidad y, con ello, emitir alertas y denuncias en aquellos casos en los que se hayan realizado cambios del uso del suelo sin las autorizaciones correspondientes.
Otro dato importante es el hecho de que a partir de esta actualización, la información ambiental del estado será pública a través del portal: www.guardianforestal.com para contribuir al acceso de la información ambiental. Sin duda alguna, se dan importantes pasos para el cumplimiento por parte de México del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales, mejor conocido como Acuerdo de Escazú para garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.
La crisis ambiental está presente, ya se sienten sus efectos y se puede agravar más; el calentamiento global, el cambio climático, la degradación de medio ambiente están causando sequías. La crisis hídrica ya se padece y las autoridades también lo han reconocido y se han decretado áreas naturales protegidas para resguardar las zonas de captación de agua.
Todas las acciones tendientes a la protección, conservación, mitigación, compensación ambiental, inspección y vigilancia son necesarias e incluyen la participación decidida de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, estas no serán suficientes y de resultados satisfactorios si no nos comprometemos todos en el actuar bajo el principio de corresponsabilidad ambiental como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo quinto del Artículo 4º, en el que se establece como derecho humano que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”
Si bien, por un lado se reconoce como derecho humano, también es conocido que la ley impone una obligación, esa bilateralidad es necesario entender esa bilateralidad y aplicarla porque de algo debemos estar seguros: los beneficios que de estas acciones se obtengan serán para todos y si no actuamos en conjunto las consecuencias de deterioro ambiental las padeceremos sin distinción alguna.
Las nuevas tecnología de la información representan un apoyo importante en detección de los cambios de uso del suelo y, el sistema “Guardián Forestal” ya ha dado sus primero resultados, al reconocer que 813 huertas de aguacate son irregulares, ubicadas en zonas forestales, informó el gobierno del estado. Lamentable además, que estas huertas sean exportadoras y no cumplen con la normativa. Como se puede apreciar este sistema es positivo, ahora debemos esperar que se presenten las denuncias, se integren las carpetas de investigación correspondientes y se aplique la ley en beneficio del medio ambiente.
El desarrollo económico de un país no debe estar en disputa con la naturaleza, para ello, es necesario ajustarse a los principios del desarrollo sustentable. Es importante que todos asumamos la responsabilidad ambiental que nos corresponde.
rmr