La formalización de las relaciones laborales de los trabajadores cortadores de aguacate en el estado es un tema de la agenda pública del gobernador de Michoacán, maestro Alfredo Ramírez Bedolla, con mayor énfasis en los últimos dos años y medio. Problemática que se analiza de manera integral, en conjunto con el crecimiento significativo del cambio de uso de suelo para el monocultivo de la fruta denominada “oro verde”, aunado a los instrumentos y mecanismos para el control y la regulación ambiental sobre las huertas de aguacate.

Y es precisamente de manera integral como debe abordarse el problema, ya que, por un lado, representa una fuente de empleo con impacto económico y social para esta región del territorio mexicano. La problemática ambiental ya ha sido tratada en este espacio; por tal razón, en esta ocasión abordaremos únicamente el derecho humano a la seguridad social para los trabajadores cortadores de aguacate. Este derecho debe involucrar y comprometer verdaderamente a los representantes de la industria aguacatera y a sus empleados, con el fin de garantizar su contratación formal y su inscripción como afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La seguridad social ha sido un compromiso histórico que el Estado mexicano ha reconocido en su máxima ley, al incorporar los derechos de los trabajadores en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derechos que, si bien han sido reconocidos, han enfrentado obstáculos para su materialización en beneficio de los trabajadores. Esto ocurre a pesar de contar con una Ley Federal del Trabajo y con una reciente reforma que transforma el sentido social y democrático de la justicia laboral, al crear los Centros de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales, ahora bajo la estructura orgánica del Poder Judicial, lo cual debe garantizar un mayor y mejor acceso a la justicia para los trabajadores.

Como mencioné al inicio, el gobernador del estado ha insistido, en coordinación con el Gobierno Federal desde 2023, en impulsar y verificar la formalización de los contratos de aproximadamente sesenta mil aguacateros y jornaleros que, se estima, laboran en esta importante agroindustria estatal. A partir de ello, la inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el paso fundamental para dotar a los trabajadores —y a sus dependientes económicos— del derecho humano a la seguridad social.

El tema cobra mayor relevancia tras el lamentable fallecimiento de seis trabajadores de este sector, dado a conocer por distintos medios de comunicación, en un accidente carretero ocurrido en las cercanías de Uruapan, Michoacán. Este incidente podría considerarse como un riesgo de trabajo en trayecto, ya que las personas se desplazaban desde su domicilio hacia el lugar de trabajo. Cabe destacar que el transporte utilizado no era el adecuado para tal fin. Es en estos casos donde se hace evidente la importancia de tener inscritos a los trabajadores ante el IMSS, para que sus familiares puedan contar con los beneficios derivados de este derecho en situaciones de contingencia.

En cuanto al medio de transporte, el gobernador ha sido enfático en invocar la aplicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, la cual prohíbe trasladar personas en camionetas como la involucrada, ya que están destinadas exclusivamente al transporte de carga. Hacer cumplir esta ley es una obligación del Estado y una responsabilidad de los empleadores, con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores y evitar la vulneración de derechos humanos fundamentales: la seguridad social, la movilidad, la salud y, por encima de todo, la propia vida.

rmr