La movilidad ha sido reconocida a nivel global como de derecho universal, y a esta noción se ha añadido el concepto de sostenibilidad, al priorizar el uso del transporte público como principal medio de traslado hacia todas las actividades de la vida cotidiana. De esta manera, se reducen las emisiones contaminantes producidas por fuentes móviles, lo cual contribuye a garantizar una mejor calidad del aire que respiramos. Disminuir las emisiones de CO₂ e incorporar los avances tecnológicos en esta materia son objetivos clave.

Comprender el término “movilidad sostenible” implica incluir buena infraestructura carretera, vehículos modernos y nuevas alternativas para movilizar a las personas de todos los sectores y zonas, en especial los que habitan en la zonas urbanas o ciudades. El derecho a la ciudad debe considerar estos elementos. Lo idóneo es reducir el uso del transporte privado por otros métodos y modos más seguros, eficientes y si es posible con mayor comodidad para el usuario. Es importante la implementación del transporte más amigable con el medio ambiente, con el uso de energía alterna a los combustibles fósiles.

El transporte público debe garantizar la inclusión, reconociendo el derecho humano a la movilidad de las personas con discapacidad; algo que el propio Gobierno del estado ha señalado como prioritario. Romper inercias y hacer conciencia de anteponer el interés general de la sociedad por el de grupos de poder o personales costará trabajo; sin embargo, los transportistas concesionarios deben ser parte de la solución y no del problema. Las buenas prácticas, la responsabilidad social y la participación ciudadana deben impactar en el derecho humano a la movilidad sustentable.

Desde luego que el mayor reconocimiento de la movilidad sustentable se les asigna a los desplazamientos realizados en bicicleta y a pie; sin embargo, tampoco se cuenta con vías apropiadas, suficientes y seguras para ello. Por esta razón, apreciamos en los proyectos y obras en construcción o ya concluidas por el Gobierno del estado, las ciclovías y espacios para peatones. Los distintos modos de movilidad no deben contraponerse entre sí, sino complementarse y convertirse en opciones viables para la población.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX, 2013) ha propuesto, como derecho a la movilidad, el derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio, para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo. Concepto con el cual coincidimos, ya que se ajusta a una realidad apremiante y de urgente atención.

El reconocimiento de este derecho humano a la movilidad se ha elevado a rango constitucional y lo encontramos en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra se lee: “Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. Párrafo adicionado según publicación del Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2020. Por lo tanto, esto constituye una obligación para el Estado mexicano, los gobiernos de cada uno de los estados de la República, así como de los municipios; al no realizar las acciones y obras para garantizar la movilidad inclusiva y sostenible, estarían incumpliendo con un mandato constitucional.

Michoacán también reconoce este derecho humano a la movilidad dentro de su constitución local, al sostener que “La movilidad es el derecho humano a trasladarse y a disponer de un sistema de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la materia”.

Consecuentemente, consideramos oportuno señalar que el gobierno del Maestro Alfredo Ramírez Bedolla está cumpliendo con políticas públicas adecuadas para garantizar el derecho humano a la movilidad, modernizando la infraestructura carretera e incorporando otros modos de desplazamiento como lo es el teleférico de las ciudades de Uruapan y Morelia, así como vehículos inclusivos.

Si bien los derechos humanos deben ser garantizados por el Estado, nosotros como ciudadanos debemos colaborar para que estos se cumplan. Es una tarea de responsabilidad social y de participación ciudadana, que debe permear y beneficiar a todos.

SHA