“Hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios”
Abraham Lincoln
De manera histórica y tras largas gestiones el año pasado se logró concretar que el Gobierno Federal en específico el presidente de México se comprometiera a firmar la Federalización de la nómina educativa como lo propuso la administración estatal de Michoacán en el 2018.
En dicho acuerdo la federación garantizó pagar 34.6 pesos de cada 100 pesos del pago, mientras que de los 65.4 pesos restantes el gobierno estatal se compromete a conseguirlos. Ante ello el 23 de enero del año pasado se concretó en Palacio Nacional el nuevo Acuerdo Educativo.
Sin embargo, las promesas y acuerdos firmados en dos años de administración, el Gobierno Federal sigue sin cumplir, ejecutar o dar la cara de propuesto y acordado.
El acuerdo es para beneficiar a los trabajadores de la educación que por años enfrentan un rezado económico y de reconocimiento su labor, por lo que la firma de este documento da la esperanza mejorar y cambiar lo que otros gobiernos sólo buscaron descomponer.
Sin embargo, pareciera que el primer mandatario de este país sólo busca afectar a la administración estatal en turno, sin importar que de por medio se encuentran las y los michoacanos porqué, aunque la federalización sólo es para el sector educativo su incumplimiento afecta a todos los sectores.
Las promesas olvidadas del presidente laceran porque los maestros fue el sector que más ha apoyado al presidente desde hace años y ahora les está dando la espalda al no garantizar su pago puntual y frenar la federalización.
El roce de López Obrador con el gobierno de Silvano Aureoles lo traslada a las y los michoacanos que no tienen nada que ver con las diferencias entre ambos, tal es así que desde el año pasado dicha diferencia se reflejó además en el recorte presupuestal federal del 9 por ciento dejando de enviarle a Michoacán 7 mil 229 millones de pesos.
El presidente debe privilegiar el acuerdo con los michoacanos no con el gobierno estatal, los recursos que le corresponden al estado no deben ser usado como botín político, ni de rencilla por no estar de acuerdo con la administración en curso.
El retrasar del pago y concretar la federalización con fines políticos para que el nuevo gobierno estatal sea quien se lleve la estrellita no hace mas que crear un gran boquete en las finanzas estatales, a mediano plazo, el retraso en los pagos no hará mas que agudizarse y no habrá dinero que alcance.