La noche del domingo 12 de abril asesinaron a Roberto Chávez, quien era integrante del Comité de Defensa Ambiental del Sangarro, el que desde hace años enfrenta sin armamento, sin presupuesto y sin escolta la voracidad del crimen organizado sobre los recursos forestales del municipio.

Grupos delictivos que operan en esa zona han venido imponiendo el cambio de uso de suelo mediante la tala clandestina y los incendios provocados para expandir huertas de aguacate. Roberto Chávez se oponía a eso y le costó la vida.

Roberto Chávez había sido amenazado de muerte, junto con otros defensores de la localidad, por integrantes del crimen organizado que operan en la comunidad. Este martes iba a formalizar su denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La cita con la autoridad nunca llegó. El crimen conocía su agenda mejor que la Fiscalía.

Este asesinato tiene un expediente de omisiones que se ha leído en voz alta desde la Tribuna del Pueblo en repetidas ocasiones, donde defensores ambientales y ciudadanos de Madero han expuesto las amenazas, agresiones y el abandono institucional que viven. La Tribuna del Pueblo se convirtió en el único espacio donde su voz tenía alguna resonancia, porque las instituciones que debían protegerlo permanecían sordas. A la fecha, los activistas villamaderenses han estado en seis ediciones de nuestras ruedas de prensa: tres en 2025 y tres en 2026. En este año estuvieron en la Tribuna del Pueblo los días 3 y 10 de febrero, así como el 10 de marzo. En 2025 estuvo en las del 20 de mayo, 11 de agosto y 8 de noviembre. De éstas, Roberto Chávez estuvo presente en dos ocasiones.

La autoridad correspondiente fue informada el viernes 10 de abril de 2026, de que en la localidad del Sangarro estaban ocurriendo eventos que podrían convertirse en actos criminales. Se solicitó la presencia de fuerzas de seguridad, pero jamás hicieron acto de presencia. Incluso, la fuerza pública que llegó con el Plan Michoacán se retiró del municipio de Madero desde enero, entregando en los hechos el territorio al grupo criminal que opera en la zona, el cual ha llegado al extremo de publicitar una lista de ambientalistas que irán asesinando, uno por uno. Es una amenaza pública, documentada, que el Estado conoce y ante la cual ha respondido con silencio.

El gobernador ha demostrado que cuando quiere actuar con determinación y velocidad, puede hacerlo. Lo hizo cuando giró instrucciones fulminantes contra los directivos del Colegio de Bachilleres de Contepec, el COBAEM, para sancionar a sus estudiantes y a sus docentes porque jóvenes realizaron un performance artístico que hacía referencia a la violencia política. Lo hizo cuando calificó de machos calados a los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán que protestaban legítimamente, sin reparar en que el 71 por ciento de quienes lo integran son mujeres. Ese ímpetu se esconde cuando se trata de detener al Sierra Uno, a Juan Parra, que opera en la zona de Madero, o a cualquiera de los capos que tienen bajo su control regiones enteras del territorio michoacano. Contra los jóvenes que hicieron teatro: circulares, amenazas, criminalización inmediata. Con los capos que asesinan ambientalistas: silencio, omisión, impunidad. Eso no es gobernar: eso es elegir a quiénes proteger.

Roberto Chávez fue a la Tribuna del Pueblo a pedir a gritos lo que es un derecho elemental: protección de vida. Esos gritos fueron ignorados. Y ahora Roberto Chávez está muerto. Exijo al gobernador que tenga la misma determinación ante los sicarios del Sangarro, ante Juan Parra y ante el Sierra Uno, que la que tuvo ante los jóvenes que hicieron teatro en Contepec. Un Estado que aplica la ley de manera selectiva no es más que una maquinaria al servicio de intereses.

Un gobernador que actúa fulminante contra un performance estudiantil y desprotege a los ambientalistas ha revelado, sin quererlo, cuál es la verdadera jerarquía de sus prioridades.

El asesinato de Roberto Chávez no puede convertirse en una nota más en la acumulación de crímenes que este gobierno ha dejado sin resolver. Michoacán tiene ya siete presidentes municipales y 21 funcionarios municipales más asesinados durante la administración de Ramírez Bedolla.

Michoacán necesita un gobernador que defienda a sus ciudadanos con la misma energía con que persigue a sus críticos.

¡México y Michoacán merecen una revolución institucional y social!

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*El autor es abogado, activista social, defensor de derechos humanos de víctimas, diputado local con licencia y dirigente del PRI en Michoacán

BCT