Dice un refrán que no se puede ser borracho y cantinero, esto en referencia a la solicitud de juicio político que la Secretaría de la Contraloría hizo a la Mesa Directiva del Congreso estatal en contra del auditor superior Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.

La dependencia estatal argumenta que durante su gestión como delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas, durante el gobierno de Silvano Aureoles, el auditor habría beneficiado a personas cercanas con sendos contratos.

 El juicio podría prosperar de manera expedita en las próximas sesiones legislativas debido a la gravedad de las acusaciones, que resurgieron por la asignación de contratos de obra pública con recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), otorgados por el gobierno de Morelia a empresas presuntamente vinculadas al auditor.

En este sentido, el gobierno moreliano deberá aclarar a la Contraloría los retrasos en varias obras del Faeispum 2022.

De concretarse el juicio político se podría investigar sin ningún conflicto de interés de por medio, a dónde fueron a parar los recursos de las y los michoacanos.

La responsabilidad recae en las y los diputados, se verá si su compromiso es con la transparencia y el combate a la corrupción o seguirán siendo comparsa de intereses en contra del bienestar público.

SHA